Junta de Supervisión propone acuerdo de $3,000 millones para cerrar la quiebra de la AEE

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció una nueva propuesta de acuerdo dirigida a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con la intención de resolver la quiebra de la corporación pública bajo el Título III de PROMESA y cerrar lo que describió como el último capítulo de la crisis de deuda de la isla.  

Según el comunicado divulgado por la Junta, la propuesta fue presentada el 1 de junio de 2026 e incluye el pago en efectivo, la emisión de nuevos bonos o una combinación de ambas alternativas por un total de $3,000 millones. La suma estaría destinada a los bonistas de la AEE que aún no han consentido a un acuerdo bajo el Plan de Ajuste actualmente ante el tribunal.

La oferta representaría aproximadamente $1,400 millones adicionales a la compensación contemplada en el plan vigente para esos bonistas. De acuerdo con la Junta, el acuerdo elevaría la recuperación de los bonistas no consensuales a cerca de 35% de los $8,500 millones reclamados, en comparación con el 19% que dispone el Plan de Ajuste actual.

No obstante, el organismo fiscal reconoció que aún no se ha identificado una fuente definitiva para financiar cualquier pago en efectivo o para cubrir el servicio de deuda de los nuevos bonos que pudieran emitirse.

“Tenemos que resolver la quiebra de la AEE”, expresó el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, Jr., al sostener que poner fin al caso es esencial para la recuperación fiscal de Puerto Rico y para avanzar hacia un sistema eléctrico “confiable y asequible”.

La Junta indicó que hizo pública la propuesta luego de que el mediador principal le informara que los asesores de los bonistas no estaban recomendando a sus clientes recibir la oferta, debido a que ello podría imponerles restricciones para negociar valores. La notificación de la oferta fue radicada en el sistema Electronic Municipal Market Access, conocido como EMMA.

El organismo sostuvo que la propuesta responde a la dirección del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que supervisa el proceso bajo PROMESA, de continuar la mediación para intentar alcanzar una solución consensuada. Mujica describió la oferta como una “vía seria y de buena fe” para concluir el caso.

El comunicado también señala que varios acreedores ya han aceptado el Plan de Ajuste de la Junta, incluidos prestamistas de la línea de crédito para combustible, acreedores no asegurados y algunos bonistas. Esos acuerdos, según la Junta, permanecerían en vigor.

La deuda total no relacionada con pensiones que se busca reestructurar en el caso de la AEE supera los $10,000 millones. Si los bonistas aceptaran la nueva propuesta, la recuperación total para todos los acreedores no relacionados con pensiones ascendería a $4,000 millones.

Como parte de las negociaciones, la Junta también expresó disposición a discutir un instrumento de valor contingente, o IVC, basado en aumentos reales en el flujo de caja neto de la AEE si los volúmenes de energía vendidos superan las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2025. Bajo esa alternativa, los bonistas recibirían un porcentaje negociado del aumento en flujo de caja solo si se cumplen dos condiciones: que las ventas de electricidad excedan las proyecciones y que el flujo de caja neto también aumente por encima de lo proyectado.

La Junta enfatizó que no habría pagos bajo el IVC si el volumen de energía vendido supera las proyecciones pero el flujo de caja neto no aumenta.

El ente fiscal defendió su historial de reestructuraciones al indicar que ha completado 12 procesos de deuda para Puerto Rico mediante acuerdos que calificó como consensuados y fiscalmente responsables. Según la Junta, esas reestructuraciones han permitido eliminar más de $55,000 millones en pagos de deuda durante un periodo de 40 años.

La quiebra de la AEE ha sido uno de los procesos más complejos bajo PROMESA, debido al tamaño de las reclamaciones, la importancia del sistema eléctrico para la economía y la controversia sobre cuánto pueden pagar los consumidores sin afectar la asequibilidad del servicio. En su comunicación, la Junta insistió en que una resolución negociada sigue siendo la mejor ruta para atender la deuda de la corporación pública y avanzar en la estabilidad del sistema eléctrico.