Justin Peterson respalda a Trump en disputa por la Junta de Supervisión Fiscal
El ex miembro de la JSF presentó un amicus curiae en el Tribunal Federal y fue radicado por el licenciado Ramón Rosario Cortés
Justin Peterson. Foto: Redes sociales
El exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, presentó un escrito amicus curiae en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en apoyo al presidente Donald Trump y Sergio Gor, en el caso Arthur J. González, et al. v. Sergio Gor, et al. En el documento legal, radicado por el licenciado Ramón Rosario Cortés, Peterson sostiene que la destitución de seis integrantes de la Junta por parte del expresidente Trump fue legal, necesaria y beneficiosa para los intereses de la isla.
Peterson, quien formó parte de la JSF entre 2020 y 2023 tras ser designado por Trump, criticó duramente el manejo de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Según explicó, el organismo “ha perpetuado la bancarrota” mientras Puerto Rico sigue enfrentando apagones y bloqueos para regresar a los mercados de capital. Señaló que la Junta gastó $2,000 millones en abogados y consultores, incentivados en mantener el estatus quo.
En su escrito, Peterson plantea que la cláusula de remoción “por causa” incluida en la ley PROMESA otorga al Presidente una amplia discreción para reemplazar a los miembros de la JSF, incluso por ineficiencia o diferencias en política pública. “La única manera de cambiar el rumbo destructivo de la Junta era cambiando a sus integrantes”, argumentó.
El exfuncionario aseguró que devolver a los exmiembros destituidos sería “catastrófico” para Puerto Rico y retrasaría aún más los esfuerzos de recuperación fiscal y energética. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de culminar de inmediato la reestructuración de la AEE mediante un acuerdo con acreedores, impulsar la privatización de la red eléctrica y considerar alternativas como gas natural y reactores nucleares modulares.
Peterson también afirmó que los demandantes no tienen un derecho sobre sus cargos en la JSF y, por lo tanto, no les corresponde un proceso de debido proceso antes de ser removidos. “El cargo público no es propiedad privada”, señaló, citando jurisprudencia histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El caso, que se ventila bajo el número 3:25-cv-1508, representa una de las controversias más significativas desde la creación de la JSF en 2016, pues podría definir el alcance de la autoridad presidencial sobre el organismo federal. El tribunal deberá decidir si los exmiembros pueden ser reinstalados o si se mantiene la decisión de Trump de removerlos.
