La falsa noción del derecho adquirido a escoltas

El 1 de enero de 2021, el reloj marcó las 12:00 de la medianoche y, con el cambio de mando, el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, perdió su escolta. Pasaron cuatro años y llegó el 1 de enero de 2025; esta vez, a la medianoche, el expresidente del Senado José Luis Dalmau también perdió la suya. Lo mismo ha ocurrido con cada presidente de la Cámara de Representantes. Son posiciones de altísima importancia política, que concentran poder real, que toman decisiones trascendentales y que, sin embargo, al dejar el cargo, pierden automáticamente ese beneficio. En ese contraste radica la ironía en Puerto Rico, algunos pretenden que los exgobernadores conserven un privilegio que otros funcionarios de igual importancia no tienen.

La controversia sobre las escoltas de exgobernadores surgió de la práctica administrativa interpretada en el caso Hernández Colón v. Policía de Puerto Rico (2009), donde el Tribunal Supremo validó el beneficio bajo la doctrina del reenactment. Pero esa visión comenzó a erosionarse con la radicación de proyectos legislativos dirigidos a aclarar la ley y prohibir expresamente la asignación de escoltas a exgobernadores. Entre ellos, el P. de la C. 19 del exrepresentante Orlando Aponte, vetado por el entonces gobernador Pierluisi, y más adelante el P. de la C. 1135 que contó con aval de todos los partidos, que propuso eliminar las escoltas para todos los exgobernadores y exfuncionarios, y redirigir los fondos a servicios esenciales. A estos esfuerzos se suma el Proyecto del Senado 752, del senador Juan Oscar Morales en esta Vigésima Asamblea Legislativa, aprobado unánimemente por el Senado de Puerto Rico y actualmente en espera de trámite en la Cámara de Representantes, lo que refleja un consenso institucional sobre la necesidad de cerrar definitivamente este capítulo. Estos proyectos reflejan un cambio de política pública y la conciencia de que mantener escoltas vitalicias es un gasto innecesario en medio de la crisis fiscal.

El objetivo marco legal es claro. La Ley Núm. 2 de 1965, que concede anualidad vitalicia a exgobernadores, nunca contempló escoltas. La Ley de la Policía de Puerto Rico reconoce la protección al gobernador en funciones y, de manera limitada, a ciertos funcionarios por razones de seguridad, pero en ningún caso otorga privilegios vitalicios. El discurso de un derecho adquirido no tiene base jurídica sólida en el presente.

Más aún, el precedente de Domínguez Castro v. ELA (2010) nos recuerda que en tiempos de crisis fiscal el Estado puede, bajo el poder de razón de Estado, modificar o incluso eliminar derechos previamente reconocidos. Si en aquel momento se justificó la cesantía de miles de empleados de carrera, con intereses propietarios sobre sus empleos, con mayor razón se justifica la eliminación de un privilegio político costoso y carente de justificación práctica como lo es la escolta de exgobernadores.

El contraste con Estados Unidos es revelador. El vicepresidente de los Estados Unidos, figura con muchísima mayor exposición y riesgo que el gobernador de Puerto Rico, solo recibe protección del Servicio Secreto durante seis meses tras dejar el cargo. Ningún estado de la Unión concede escoltas vitalicias a sus exgobernadores; apenas Nueva Jersey y Alabama ofrecen protección limitada, pero nunca vitalicia.

La pregunta que se impone: ¿Qué justifica que Puerto Rico, en quiebra y un pueblo que ha visto recortados sus derechos laborales, mantenga un gasto multimillonario para proveer escoltas a exgobernadores? Si la crisis fiscal ha servido como fundamento para recortar derechos mucho más sustanciales que una escolta, ¿por qué mantener este privilegio?

La conclusión es sencilla. Ningún exgobernador tiene derecho automático a escoltas. Si alguno entiende que lo merece, que lo reclame en los tribunales. Pero la política pública debe ser clara en eliminar el privilegio de escoltas a todos los exgobernadores. No es una cuestión de justicia ni de seguridad, es un asunto de prioridades fiscales y de equidad democrática. En un país en crisis, este lujo político resulta indefendible.