La huelga general de España discurre de manera dispar, transporte afectado y con detenidos

La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España discurre con discrepancia de datos de seguimiento entre los sindicatos y las empresas, con el transporte público afectado, carreteras cortadas por trabajadores y al menos una treintena de detenidos en incidentes con las fuerzas policiales.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, consideraron un "éxito" la protesta laboral, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y para exigir subidas salariales frente al coste de la vida.

Es una movilización laboral "justa" y "muy mayoritaria en buena parte del país", aseguraron los sindicatos, que afirmaron que el mayor seguimiento tuvo lugar en la industria, la logística y el transporte.

Por el contrario, la principal organización empresarial (CEOE) dijo que el seguimiento es "bajo" y hay "normalidad" en la mayoría de actividades sectoriales, con un seguimiento del 10 % en Madrid e inferior en otras regiones, como Castilla-La Mancha (5 %) y la Valenciana (2,6 %).

Los sindicatos citados señalaron que el seguimiento estaba siendo desigual según los territorios, entre el 41 % de media en regiones como Castilla-La Mancha y Extremadura, y más del 80 % en otras como Cataluña y Andalucía, según detallaron en un comunicado.

CCOO también precisó que se unieron a la huelga el 60,8 % de los empelados de comercio y el 61,9 % de la hostelería y turismo.

No obstante, la patronal Hostelería de España registró un "seguimiento bajísimo" entre sus trabajadores y un funcionamiento del sector "con gran normalidad", según sus datos provisionales.

Puertos, trenes y vuelos afectados

En una jornada muy lluviosa en casi todo el país, la huelga afecta a los puertos, como el de Algeciras (sur), donde las terminales de contenedores permanecen paralizadas, informaron fuentes portuarias, mientras que el paro es "masivo" en el de Valencia (este), según varios sindicatos.

Los puertos de Barcelona y Tarragona (noreste) fueron bloqueados por trabajadores, que también protestaron a las puertas de grandes mercados mayoristas, como Mercamadrid, y a la salida de empresas públicas de transportes, lo que dificultó la salida de vehículos. También dejaron de producir algunas fábricas de automóviles.

En el sector ferroviario, dejaron de circular un 24 % de los trenes previstos de alta velocidad y larga distancia; y un 10,2 % de los de cercanías y media distancia de la compañía estatal Renfe.

El tránsito de automóviles bajó en Madrid un 13 % y el de viajeros de los autobuses urbanos públicos se redujo un 63 % durante la hora punta de desplazamiento a los lugares de trabajo, informó el ayuntamiento de la ciudad.

En el sector aéreo, las compañías cancelaron 263 operaciones, lo que supone un 5,82 % de las 4.529 programadas para hoy, según datos provisionales.

El consumo eléctrico de toda españa se redujo un máximo de un 15,5 % entre las 10.00 y las 11.00 horas (9.00-10.00 GMT) respecto de las previsiones del operador del sistema (Red Eléctrica).

Cargas policiales y críticas de sindicatos y la izquierda

Las primeras horas de huelga transcurrieron con algunos altercados y cargas policiales contra trabajadores. Algunos cortaron carreteras de entrada en Madrid y Barcelona y se concentraron a la puerta de grandes centros de distribución, portuarios y de transporte rodado para intentar paralizar la actividad.

La mayor parte de la treintena de detenidos por estos incidentes de produjeron en el País Vasco (13) y Madrid (8), según datos oficiales.

Tanto los sindicatos como varios partidos de izquierda denunciaron la actuación policial contra los sindicalistas y otros trabajadores, que calificaron de "vergüenza", "violencia", "represión" y actitud "hostil" por parte de las fuerzas de seguridad.

Esta huelga, impulsada por el autodenominado Sindicato de Inquilinas contra la crisis de la vivienda, ha generado gran polémica, entre otras razones por convocarse a menos de tres semanas de las elecciones generales.

Empresarios y la oposición de conservadores y derecha la consideran "política", incluso "ilegal".

El Gobierno, formado por una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista (PSOE), pide respeto para los trabajadores y varios ministros apoyroan la huelga sin ambages.