La justicia no tiene género

La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que declaró inconstitucional el delito de feminicidio ha provocado reacciones airadas. Algunos sectores la califican como un retroceso y otros incluso afirman que “los fascistas” niegan la violencia de género al sostener que el asesinato de una mujer no responde necesariamente a machismo o misoginia. Nada más lejos de la verdad. Defender la igualdad ante la ley no es negar la violencia; es impedir que el derecho penal se contamine con ideología.

El crimen de asesinato es el más grave de todos. Su repudio no depende del sexo de la víctima, sino de la dignidad humana. Convertirlo en un delito distinto cuando la víctima es mujer no fortalece la protección jurídica, sino que crea una jerarquía moral entre vidas humanas. La justicia no puede admitir que la muerte de una mujer sea más condenable que la de un hombre, ni viceversa. Toda vida vale igual y el Estado debe responder con igual rigor ante todo homicidio.

Se afirma también que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la “desigualdad de género” y en la supuesta “posición de subordinación” frente a los hombres. Ese postulado, de raíz sociológica e ideológica, pretende justificar la intromisión del Estado en la esfera de las relaciones humanas, confundiendo desigualdad con delito. El Código Penal no es un manifiesto cultural ni un instrumento de ingeniería social: es una norma que impone cárcel y limita libertades. Su función no es reinterpretar la convivencia ni reeducar a la sociedad, sino castigar conductas objetivas bajo parámetros claros, sin juicios de valor preconcebidos.

El Tribunal Apelativo fue certero al señalar que el feminicidio, según redactado, violaba el debido proceso de ley por vaguedad y por discriminar por sexo. Pretender que todo asesinato de una mujer sea, por definición, expresión de odio de género es una conclusión subjetiva, no un elemento jurídico comprobable. Y basar una condena penal en percepciones o en teorías sociológicas es abrir la puerta a la arbitrariedad.

Negar la validez de un estatuto inconstitucional no significa negar la violencia contra las mujeres. Significa reafirmar que el Estado debe proteger a todos sus ciudadanos por igual, sin dividirlos por sexo o identidad. La violencia debe combatirse con educación, prevención y justicia imparcial, no con privilegios ni clasificaciones ideológicas.

Si esta decisión llega al Tribunal Supremo, debería confirmarse. No porque se reste importancia a la violencia contra la mujer, sino porque se reafirma que la justicia no tiene género. El Derecho pierde su fuerza moral cuando se convierte en instrumento de una causa política. Defender la igualdad ante la ley, sin adjetivos ni banderas, es la mejor garantía de una justicia verdaderamente humana.