Madre de menor de Loíza demanda a Ray Cruz y a presidente de asamblea municipal del PPD

Una madre de Loíza presentó este lunes una demanda en la que reclama al menos $800,000 por los daños que, según alega, sufrieron ella y su hijo de 16 años como consecuencia de expresiones públicas e insinuaciones sobre la participación del adolescente en una actividad política en Camuy. El recurso identifica como demandados al comunicador Ray Cruz Santiago y al abogado Joel A. Osorio Chiclana, presidente de la Legislatura Municipal de Loíza por el Partido Popular Democrático (PPD).

Wildelia Rivera Rivera compareció por derecho propio y en representación de su hijo, mediante el abogado Iván A. Rivera Reyes. En su petición final, solicita no menos de $650,000 para el adolescente y $150,000 para ella, además de otros gastos y remedios.

Según la demanda, Rivera Rivera autorizó verbalmente que su hijo asistiera el 14 de octubre a una actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Camuy, luego de que la vicepresidenta de esa colectividad en Loíza, quien también trabaja como consejera escolar, le informara sobre la salida. La madre sostiene que conocía su naturaleza política, mantuvo comunicación con el adolescente y este regresó sano y salvo. Niega que consumiera alcohol, fuera acosado o participara en actos o comunicaciones de contenido sexual.

El escrito atribuye a Cruz Santiago la difusión de fotografías y datos sobre los lugares de residencia de los jóvenes que habrían permitido identificarlos. También alega que, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, el comunicador publicó expresiones que asociaron la presencia de los adolescentes con insinuaciones sexuales y utilizó un insulto homofóbico contra el senador Héctor Joaquín Sánchez. Los demandantes sostienen que esas publicaciones expusieron al menor a burlas y lesionaron su intimidad.

Respecto a Osorio Chiclana, la demanda alega que el 3 de noviembre, luego de participar en el programa Jugando Pelota Dura y fuera del aire, afirmó ante personas presentes en el estudio que existía un chat entre el senador y los menores con “exposiciones deshonestas”. Según el recurso, al día siguiente el programa divulgó la presunta existencia del chat como información no confirmada. La madre y su hijo rechazan que existieran las comunicaciones de contenido sexual que atribuyen a esas expresiones.

La madre asegura que, a raíz de la difusión, su hijo ha enfrentado acoso escolar, comentarios homofóbicos, ansiedad, aislamiento y temor de asistir a clases. El documento sostiene que el adolescente necesitará tratamiento psicológico y recoge su deseo de que “este chisme termine ya”. Rivera Rivera también reclama daños propios, al alegar que las versiones difundidas la presentaron como una madre negligente que desconocía dónde y con quién estaba su hijo.

La demanda incluye, además, una causa de acción por alegada difamación y actuación concertada contra la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes. Le atribuye expresiones sobre supuesto “adoctrinamiento” de los estudiantes y una presunta coordinación con Osorio Chiclana con fines políticos. Aunque el cuerpo del documento la denomina codemandada y formula ese reclamo, su nombre no aparece en el epígrafe que enumera a las partes demandadas.

Además de la compensación económica, los demandantes solicitan que se preserven las grabaciones, publicaciones, mensajes y demás evidencia relacionada con los hechos. Piden también que, una vez el tribunal adjudique la falsedad de las expresiones, se ordene retirar las publicaciones que identifiquen al menor o contengan el material que impugnan. El recurso reclama asimismo costas, intereses y honorarios de abogado por temeridad.

La acción civil surge en medio de las investigaciones de Educación y Justicia sobre el traslado de los cuatro estudiantes a Camuy. En declaraciones anteriores, Osorio Chiclana sostuvo que la madre de otro de los jóvenes —a quien representa— había autorizado una gira escolar, pero no una actividad partidista. El abogado también rechazó que aquella denuncia respondiera a motivaciones políticas. 

Sánchez, por su parte, había afirmado que los jóvenes asistieron por interés propio y con autorización verbal de sus padres, y rechazó que las alegaciones sobre un chat se utilizaran para insinuar una conducta indebida.