Negociado de Energía aprueba ajuste por combustible menor al solicitado y ordena investigar pagos y créditos relacionados con New Fortress
La determinación evita trasladar por ahora $17.6 millones a los consumidores
El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público aprobó un ajuste por compra de combustible menor al solicitado por LUMA para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, al dejar fuera, por el momento, $17.6 millones asociados a deficiencias en el suministro de gas natural y las partidas propuestas por cuentas incobrables. También ordenó una auditoría sobre los costos y pagos relacionados con New Fortress Energy (NFE) e investigará las cantidades de gas solicitadas por Genera y los créditos aplicables bajo el contrato de las unidades San Juan 5 y 6.
“Los costos de combustible no deben trasladarse automáticamente al consumidor por el solo hecho de haber sido incurridos o facturados”, establece el Negociado en la Resolución y Orden.
LUMA propuso un aumento de 6.666 centavos, sin embargo, el Negociado aprobó 5.28 centavos por kWh. La determinación reduce el cargo frente a lo solicitado. La diferencia es de más de un centavo menos de lo solicitado por LUMA.
El Negociado explicó que el ajuste responde a costos de combustible ya incurridos, en especial porque la situación en el Estrecho de Ormuz ha afectado el mercado energético global y a los proyectados para mantener la generación durante los próximos tres meses. Entre las causas figuran unidades generatrices fuera de servicio y deficiencias en las entregas de gas natural, que han requerido utilizar combustibles más costosos.
Según el ejemplo incluido en la Resolución y Orden, un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kWh mensuales tendrá una factura de $270.86, frente a los $228.59 del trimestre anterior.
Los $17.6 millones que no se cobrarán por ahora corresponden a costos adicionales relacionados con alegados incumplimientos de NFE en el suministro de combustible durante junio, julio y agosto. Esta cantidad se suma a los $58 millones previamente diferidos, para un total cercano a $75 millones. Su cobro queda pendiente mientras se valida y resuelve la reclamación contractual correspondiente y esta decisión no significa una aprobación de esos costos ni determina que deban cobrarse posteriormente.
La investigación también examinará aproximadamente $19.17 millones que, según informó LUMA, se pagaron durante junio y julio por cantidades de gas solicitadas bajo el contrato de San Juan 5 y 6 que excedieron lo que Genera finalmente necesitaba o podía recibir. La Resolución señala que esas solicitudes, denominadas “nominaciones”, y la administración de ese contrato estaban bajo la responsabilidad operacional de Genera.
El documento explica que Genera recibe una remuneración que no depende del monto que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) paga por combustible. Por ello, solicitar gas en exceso puede generar un costo para los consumidores sin afectar directamente la remuneración de Genera, mientras NFE recibe el pago por la cantidad solicitada.
El contrato contempla mecanismos para reducir esos costos, incluidos créditos por ventas del gas a terceros y por determinadas paradas forzosas o eventos de fuerza mayor. El Negociado de Energía ordenó realizar una auditoría y evaluación integral de los costos, entregas, deficiencias, créditos, obligaciones y pagos relacionados con NFE, para determinar la razonabilidad de las cantidades reclamadas, identificar responsabilidades y evaluar los remedios regulatorios y contractuales disponibles para proteger a la Autoridad, al sistema eléctrico y a los consumidores de costos derivados de incumplimientos atribuibles a dicho suplidor. La evaluación incluirá las cantidades en controversia y los mecanismos disponibles para evitar su desembolso mientras se determina quién debe asumirlas.
“El Negociado de Energía no permitirá que se desembolsen cantidades que correspondan a deficiencias de suministro o incumplimientos atribuibles al propio suplidor, ni aquellas cuya procedencia o responsabilidad permanezca en controversia”, dispone la Resolución y Orden.
