Nueva ley prohíbe el voceteo nocturno y establece multas de hasta 1,500 dólares
La legislación también comprende demostraciones, concursos y competencias de sonido vehicular que no cuenten con las autorizaciones correspondientes

Representante José Pichy Torres Zamora. Foto: Suministrada

El representante José Torres Zamora informó el miércoles que la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que prohíbe el voceteo entre las 10:01 de la noche y las 6:59 de la mañana en Puerto Rico y establece multas de 1,000 y 1,500 dólares por incumplimiento.
“La medida no pretende criminalizar las manifestaciones culturales ni limitar la música como expresión artística, sino establecer parámetros razonables de tiempo, lugar y manera dirigidos a proteger la tranquilidad, el descanso y la calidad de vida de las comunidades, con especial atención a las escuelas, hospitales, centros de cuido y demás zonas de tranquilidad”, expresó Torres Zamora en declaraciones escritas.
La Ley 233-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 911, incorpora disposiciones a la Ley de Vehículos y Tránsito para regular los sistemas de sonido instalados en vehículos que hayan sido alterados, modificados o diseñados para proyectar música o sonidos hacia el exterior.
La legislación también comprende demostraciones, concursos y competencias de sonido vehicular que no cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Según explicó el legislador, las infracciones cometidas durante el horario nocturno conllevarán una multa fija de 1,000 dólares, mientras que aquellas registradas en determinadas áreas protegidas tendrán una sanción de 1,500 dólares, independientemente de la hora.
Entre las zonas que recibirán protección durante las 24 horas figuran escuelas, universidades, centros de cuido de menores y adultos mayores, hospitales, instalaciones de salud, hoteles, hospederías, paradores y templos religiosos.
La medida también faculta a los municipios para regular el voceteo durante el horario diurno, comprendido entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, mediante ordenanzas municipales o sus códigos de orden público.
Los gobiernos municipales podrán establecer restricciones adicionales durante ese periodo, siempre que sean compatibles con las disposiciones de la nueva legislación.
Torres Zamora indicó que tanto la Policía de Puerto Rico como las policías municipales estarán facultadas para imponer las multas administrativas, garantizando los procedimientos correspondientes a los ciudadanos.
Del dinero recaudado por las sanciones, el 30 por ciento se destinará a los municipios para labores de fiscalización, adquisición de equipos y programas preventivos, mientras que el 70 por ciento restante corresponderá a la Policía de Puerto Rico.
La legislación contempla excepciones para anuncios gubernamentales, actividades religiosas, electorales o políticas, manifestaciones coordinadas con la Policía y otras actividades de interés público que cuenten con las autorizaciones requeridas.
Finalmente, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Policía, tendrá un plazo máximo de 90 días desde la aprobación de la ley para adoptar la reglamentación necesaria para su implantación y fiscalización.





