Policía arresta 44 personas tras investigación de 13 meses sobre drogas y armas en 17 municipios

La Policía de Puerto Rico informó el martes el arresto de 44 personas como resultado de una investigación de 13 meses sobre venta de drogas y armas que produjo acusaciones contra 52 personas en 17 municipios, la ocupación de ocho armas de fuego y 22 vehículos y fianzas que totalizaron 12 millones de dólares.

“Detrás de estos arrestos hubo 13 meses de investigación, recopilando evidencia, documentando transacciones y siguiendo el paso a personas que estaban utilizando nuestras comunidades para vender drogas y mover armas. Y hoy estamos viendo los resultados de este trabajo: 44 personas arrestadas, ocho armas de fuego ocupadas, 22 vehículos confiscados y 12 millones de fianzas”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en conferencia de prensa.

De las 52 personas acusadas, 47 son hombres, cuatro mujeres y una es menor de edad. Quince ya se encontraban confinadas al momento del operativo y 39 tenían antecedentes criminales por violaciones a la Ley de Armas, violencia doméstica, apropiación ilegal, escalamiento, agresiones y asesinato, según González Falcón.

El superintendente explicó que la investigación no estuvo limitada a un punto de drogas o una comunidad y que parte de las transacciones se coordinaban mediante plataformas digitales y redes sociales.

“Parte de nuestras investigaciones nos estamos dando cuenta que estas organizaciones, estas personas están usando las redes sociales para hacer ese primer encuentro, para coordinar las transacciones y se mueven a hacer las compras como tal”, sostuvo González Falcón.

Como parte de un plan operacional más amplio iniciado el 28 de septiembre, la Policía acumuló 168 arrestos, 18 armas de fuego ocupadas, 30 vehículos confiscados y más de 13.8 millones de dólares en fianzas. Esa cifra es distinta a los 44 arrestos correspondientes a la investigación de 13 meses anunciada el martes.

La moderadora de la conferencia aclaró que hubo cambios de último momento en las estadísticas y señaló que las cifras ofrecidas por González Falcón eran las actualizadas para el operativo.

Por su parte, el teniente coronel Ricardo de Jesús Martínez, director del Negociado de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales, detalló que los trabajos realizados por ese negociado desde el 28 de septiembre produjeron 110 arrestos y 23 órdenes de allanamiento, de las cuales 20 resultaron positivas. Esos 110 arrestos corresponden al desglose de las operaciones del negociado y no sustituyen el total de 168 arrestos informado por el superintendente para el plan operacional más amplio.

“Se lograron realizar 110 arrestos, se lograron librar 23 órdenes de allanamiento, donde 20 órdenes de allanamiento fueron positivas. Se ocuparon 24 vehículos de motor en esas operaciones, cerca de mil municiones, 14 armas de fuego adicionales”, dijo De Jesús Martínez.

El oficial añadió que durante esos trabajos se ocuparon más de 5,000 piezas de sustancias controladas, entre cocaína, crack, heroína y fentanilo, además de 25 libras de marihuana.

“Entre toda la sustancia, cocaína, crack, heroína, fentanilo, se ocuparon sobre 5,000 piezas en adición a lo que se había realizado ya previamente por el agente encubierto”, expresó.

De Jesús Martínez advirtió además sobre hallazgos de fentanilo en sustancias enviadas al Instituto de Ciencias Forenses.

“Últimamente las diferentes sustancias que se están ocupando en la calle, cuando viene el análisis de Ciencias Forenses, todas están dando también positivo al fentanilo. Así que no debemos tomar como liviano la ocupación, el uso de la marihuana, porque las personas que utilizan esta sustancia no saben que al utilizar esto, sin tener conocimiento de ello, están utilizando fentanilo a la misma vez”, sostuvo.

El fiscal Héctor Siaca, director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, informó que las acusaciones incluyen violaciones a las leyes de Sustancias Controladas y de Armas.

“En cuanto a la Ley de Sustancias Controladas, por el artículo 401, que es la venta o la posesión con intención de distribución de la sustancia controlada, dependiendo la clasificación, estamos hablando que la pena ronda entre tres años y 20 años como pena fija. En cuanto a la Ley de Armas, se radicaron cargos por lo que es la venta de armas sin licencia, portación sin licencia y armas largas semiautomáticas. Estamos hablando que en esos delitos, que es el artículo 6.02, 6.05, 6.09 de la Ley de Armas de Fuego, la pena ronda entre 10 y 24 años”, explicó Siaca.

González Falcón indicó que la pesquisa identificó tanto personas que operaban individualmente como pequeños grupos dedicados a las transacciones investigadas.

“En este caso específicamente tenemos los dos. Tenemos personas que operaban solas. De igual manera teníamos personas que trabajaban en grupos pequeños”, dijo.

Entre los acusados figura un menor de edad que, según De Jesús Martínez, vendió drogas y armas a un agente encubierto.

“Con relación al menor, él participó de manera individual. Él vendió sustancias controladas y armas de fuego a uno de los agentes encubiertos”, indicó el teniente coronel.

Preguntado posteriormente si el menor también estaba vinculado al uso de plataformas digitales para las transacciones, De Jesús Martínez contestó afirmativamente, aunque no ofreció detalles adicionales para no comprometer las investigaciones.

El coronel Carlos Cruz Burgos, superintendente auxiliar en Operaciones Especiales, explicó que las autoridades trabajaron distintos niveles del tráfico de drogas y armas, desde cargamentos de cocaína hasta ventas realizadas directamente en puntos de drogas.

“Tenemos también otra fase, que es el traficante de drogas a mediana escala; tenemos el traficante de armas y el vendedor de drogas al detal en el punto de droga. Se ocuparon sustancias controladas, armas de fuego y dinero, lo que comúnmente opera en un punto de droga”, sostuvo Cruz Burgos.

Según el coronel, la mayoría de las armas adquiridas durante las transacciones encubiertas eran ilegales y muchas conservaban sus números de serie. González Falcón explicó que las armas ocupadas serán enviadas al Instituto de Ciencias Forenses para determinar si guardan relación con otros delitos.

“Todas las armas se entregan al Instituto de Ciencias Forenses para hacerlas analizar, para darnos a ver si han dado con otros casos y a esclarecer asesinatos”, dijo el superintendente.

La conferencia incluyó además una intervención separada realizada el lunes en las costas de Aguadilla, donde la Unidad Marítima de Añasco de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, junto con la Patrulla Fronteriza federal, interceptó una embarcación con 269 kilos de cocaína valorados en 2.5 millones de dólares.

“Gracias al trabajo de inteligencia de FURA, junto a nuestra División Marítima de Añasco y nuestros compañeros federales del U.S. Border Patrol, se logró interceptar una embarcación y ocupar 269 kilos de cocaína, valorados en 2.5 millones de dólares”, informó González Falcón.

En esa intervención fueron arrestados Carlos Javier Vélez Flores, de 27 años, y Jason Ali Figueroa Tapia, de 41 años, ambos residentes de Vieques. El caso fue asumido por la Administración para el Control de Drogas federal (DEA).

Cruz Burgos informó que durante el año se han ocupado poco más de 5,000 kilos de cocaína, aunque aclaró que las incautaciones acreditadas directamente a la Policía están por debajo de otros años debido a que parte de las intervenciones se contabilizan mediante un grupo de trabajo conjunto entre agencias estatales y federales.

“En cuestión de números, estamos por debajo de lo que normalmente se ocupa, pero tenemos que reconocer que hay un task force con agencias federales y agentes estatales que se insertaron en lo que es la vigilancia marítima y muchas de las ocupaciones se le acreditan a este task force que es de todas las agencias que trabajan en conjunto”, explicó.

El coronel sostuvo que, pese a señalar una reducción en la producción de cocaína, las autoridades no han observado escasez de drogas en la calle.

“No hay escasez. Nosotros, las intervenciones de nosotros en la calle, seguimos ocupando drogas; escasez no hay”, dijo Cruz Burgos.