Portavoz de jueces apoya que no se transmitan las vistas de Regla 6 y preliminares

El presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico (FMPR) Carlos Salgado Schwarz respaldó el martes Proyecto de la Cámara 1211, que busca prohibir la transmisión en tiempo real de las vistas de causa probable para arresto y vistas preliminares.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) el Club Ultramarino de Prensa (Overseas Press Club) y la Asociación de Fotoperiodistas se oponen.

Según Salgado Schwarz, la medida “responde a una realidad que los jueces confrontamos a diario en las salas de nuestros tribunales; la transmisión en vivo, por plataformas digitales y redes sociales, de etapas tempranas del proceso criminal que no han sido diseñadas para la exposición mediática masiva, con consecuencias reales y documentables para la integridad del proceso judicial y los derechos de todas las partes”. 

Según el juez del Tribunal de Apelaciones, el reglamento aprobado por el Tribunal Supremo como parte del “Programa de Cobertura Electrónica y Difusión de Procesos Judiciales” (PROCEDI), y que entrará en vigor el 1 de octubre del presente año, no contiene parámetros uniformes sobre los procesos de transmisión, por lo que deja a la discreción de los jueces administrativos de cada región judicial, su aplicación.

Alegó que si se da paso a la difusión en vivo de estos procesos en medios de comunicación, plataformas digitales o redes sociales, que llegarían a potenciales jurados, “haría prácticamente imposible el seleccionar un jurado imparcial que no haya tenido contacto con la prueba”.

“Sería imposible poder discernir en el proceso de selección de posibles jurados, quién ha tenido contacto anterior con la prueba o no, porque los funcionarios del tribunal que han estado presentes durante todas las etapas anteriores no han tenido contacto visual con el que va a ver esto desde la comodidad de su hogar, en su teléfono o computadora”, añadió. 

Por su parte, la presidenta Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Nydia Bauzá no respaldó esta pieza ya que “cerraríamos la puerta a la transmisión de vistas de causa para arresto y vistas de causa probable en casos contra figuras de alto perfil, procesos de elevado interés público”.

Bauzá expuso que, en la actualidad, el Tribunal Supremo, mediante el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM), permite el acceso con cámaras a salas de los tribunales “siempre y cuando se cumpla con un mecanismo de solicitud de parte de los medios de comunicación y el Tribunal Supremo lo autorice”.

La periodista manifestó que, como parte de este proceso, tanto su organización como el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Fotoperiodistas (AFPR) participaron el pasado 18 de mayo en un ejercicio de aquilatar los resultados del PECAM, luego de lo cual “el Tribunal Supremo acordó instituir de forma permanente con mayor salvaguarda para proteger los derechos de los acusados y de las víctimas”, el PROCEDI.

Bauzá señaló que el reglamento que se busca poner en vigor contiene restricciones y salvaguardas para proteger de un peligro potencial a cualquier persona envuelta en el proceso judicial, por lo que “basta con el que el juez que preside el proceso estime, en consideración al interés de la justicia, que la protección es necesaria”, para que su testimonio pueda excluirse o limitarse de la cobertura electrónica”.

Otra de las salvaguardas es la prohibición de tomas cercanas a los participantes del proceso, así como la suspensión de suspender la cobertura en cualquier momento mediante una orden de un juez.

“La ASPPRO entiende que el espíritu del proyecto está salvaguardado con las protecciones que el nuevo reglamento del Tribunal Supremo garantiza, por lo que no respalda la aprobación de esta pieza por ser innecesaria”, puntualizó Bauzá.

En iguales términos se expresó Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del OPC y Josian Bruno Gómez, presidente de la AFPR, quienes recomendaron que se le permita al Poder Judicial continuar con la evaluación.

Por su parte, el presidente de la Comisión, el representante José “Che” Pérez Cordero, concluyó que “la intención nuestra no es restringir el acceso a la prensa, ni restringir el derecho y la obligación mantener al público informado, de la transparencia, de que las personas tengan acceso. Pero, obviamente hay unos derechos constitucionales de las personas y es nuestra obligación velar porque se mantenga esas salvaguardas; velar porque se mantenga unas solemnidades que se requieren durante estos procesos que son sensitivos, porque no es poca cosa el perder la libertad, no es poca cosa que una víctima del delito pueda testificar tranquila y segura, eso es lo que está en juego”.