Los nombramientos no son vitalicios

En los últimos días hemos visto a varios exfiscales recorrer programas de radio y televisión para denunciar que no fueron renominados. El argumento central ha sido que el Departamento de Justicia está perdiendo experiencia y que la verdadera razón de su salida responde a motivaciones políticas, por haber sido nombrados durante la administración de Alejandro García Padilla. El planteamiento puede ser atractivo y parecer entretenido para algunos, pero parte de una premisa jurídicamente equivocada.

Lo primero que debe quedar claro es que ningún funcionario con un nombramiento a término tiene un derecho adquirido a permanecer en el cargo una vez ese término expira. Esa es precisamente la naturaleza de un nombramiento a término. Si la renominación fuera automática, el término carecería de todo significado y la facultad constitucional de nominar sería una simple formalidad.

Nuestra Constitución le confiere a la Gobernadora la facultad de nominar y al Senado la responsabilidad de brindar su consejo y consentimiento. Esa determinación es discrecional. Es uno de los mecanismos mediante los cuales un gobernador organiza el equipo que habrá de ejecutar la política pública de su administración.

Pretender que un gobernador está obligado a renominar a todos los funcionarios cuyos términos vencen equivale a vaciar de contenido esa facultad constitucional. La discreción existe precisamente para decidir quién continúa y quién no. Así ha sido siempre y así continuará siendo bajo cualquier administración.

También resulta incorrecto afirmar que el Departamento de Justicia queda desprovisto de experiencia por la salida de varios fiscales. El Departamento es mucho más que un pequeño grupo de personas. Está compuesto por decenas de fiscales, supervisores, procuradores, personal de carrera y empleados comprometidos que diariamente sostienen el sistema de justicia criminal.

La experiencia institucional no desaparece porque algunos funcionarios concluyan su término. Las instituciones fuertes no dependen de individuos específicos. Dependen de estructuras sólidas, procesos adecuados y del compromiso de quienes permanecen sirviendo al pueblo.

Hay otro detalle que convenientemente algunos prefieren olvidar. Cuando estos mismos fiscales fueron nombrados, también sustituyeron a otros fiscales cuyos términos habían concluido o que abandonaron el servicio público. Nadie sostuvo entonces que el Departamento de Justicia se estaba desmantelando.

Más aún, esos fiscales que hoy algunos presentan como indispensables también fueron nuevos en algún momento. También fueron los “rookies” a quienes alguien decidió brindarles una oportunidad. Si nunca existiera espacio para una nueva generación de fiscales, muchos de quienes hoy reclaman permanencia jamás habrían tenido la oportunidad de demostrar su capacidad.

Toda institución saludable necesita combinar experiencia con renovación. El relevo generacional no es una amenaza. Es parte natural del fortalecimiento institucional y garantiza que el servicio público continúe desarrollándose con nuevas generaciones de profesionales.

Por otro lado, también es perfectamente legítimo que una Gobernadora procure nominar fiscales que compartan su visión sobre la política pública de procesamiento criminal. Eso no significa intervenir en investigaciones específicas ni ordenar cómo resolver casos particulares. Significa conformar un equipo alineado con las prioridades de una administración democráticamente electa, siempre dentro del marco de la ley y respetando la independencia profesional que exige la función fiscal.

Finalmente, conviene recordar que este modelo constitucional no nació con esta administración. En su momento le correspondió al entonces gobernador Alejandro García Padilla ejercer exactamente la misma facultad constitucional para nominar fiscales y conformar el equipo que entendió adecuado para dirigir el Departamento de Justicia. Hoy esa misma facultad le corresponde a la gobernadora Jenniffer González Colón. La Constitución no cambia dependiendo de quién ocupe La Fortaleza.

Lo verdaderamente llamativo ha sido la reacción de algunos de los exfiscales que no fueron renominados. En lugar de aceptar que su término concluyó conforme al diseño constitucional, han optado por recorrer los medios de comunicación desacreditando al Departamento de Justicia y atribuyendo motivaciones políticas sin presentar evidencia que sustente tales imputaciones.  Por supuesto, tienen derecho a expresar su inconformidad. Lo que no tienen derecho es a pretender que su versión sustituya el marco constitucional que regula los nombramientos ni a presentar como hechos lo que no pasan de ser opiniones o especulaciones.

De hecho, sus actuaciones terminan provocando una reflexión inevitable. Si la respuesta de un funcionario ante una decisión adversa es desacreditar públicamente la institución que hasta hace poco representaba, cuestionar la capacidad de quienes permanecen sirviendo y sembrar dudas sobre la legitimidad de las decisiones constitucionales del Ejecutivo, muchos ciudadanos podrían concluir que esas expresiones explican mejor que cualquier otra cosa por qué no fueron renominados.

La fortaleza de un servidor público también se demuestra cuando sabe concluir su gestión con dignidad y respeto por las instituciones. Quien entiende que el Departamento de Justicia depende exclusivamente de su permanencia en el cargo, no solo desconoce la fortaleza de la institución, también sobreestima su propia importancia.

Los nombramientos no son vitalicios. Nunca lo han sido. Tampoco constituyen un derecho adquirido. Son una responsabilidad temporal conferida por la Constitución y sujeta al juicio discrecional de la Gobernadora y al consejo y consentimiento del Senado. Ese diseño constitucional ha servido al Gobierno de Puerto Rico durante décadas y seguirá sirviendo mucho después de que cualquiera de nosotros haya dejado el servicio público.