Retiro defiende reglamento para policías y Gobierno insiste en buscar alivio para pensiones bajas

El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Arnaldo Ortiz Miranda, defendió el jueves el reglamento que permitió efectuar pagos bajo la Ley 40 de 2020 y advirtió que una demanda presentada por tres policías para impugnarlo podría afectar el mecanismo utilizado para beneficiar a cerca de 1,680 agentes.

“Si yo no tengo un mecanismo válido para poder pagar, que se llama reglamento, aunque la Comisión de Juegos haga su recaudo, yo no hubiese podido pagar. Así que hablarle en este momento de que ese reglamento es nulo, cuidado con eso”, dijo Ortiz Miranda en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la demanda impugna el reglamento adoptado para implementar la Ley 40 de 2020, que utiliza parte de los recaudos de las máquinas de juegos en ruta para complementar el retiro de policías.

Según Ortiz Miranda, la ley distribuye esos recaudos en 55 por ciento para los policías, 40 por ciento para los municipios y 5 por ciento para la Comisión de Juegos.

El director sostuvo que el reglamento pasó por el proceso de revisión de la Junta de Supervisión Fiscal y por el trámite requerido bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Explicó que uno de los asuntos discutidos fue el tratamiento de los fondos del Plan 106 cuando un policía realiza una transferencia o “rollover” al retirarse.

Ortiz Miranda señaló que los gremios tuvieron oportunidad de presentar objeciones y recomendaciones durante el proceso reglamentario.

“Todos los planteamientos fueron escuchados y todos los planteamientos que pudieron haber sido atendidos mediante la vía administrativa, así fueron atendidos y fueron resueltos”, expresó.

El funcionario indicó que algunas de las reclamaciones planteadas por los policías requirieron cambios legislativos. Mencionó la Ley 146 de 2026, que dispone que los recursos del fideicomiso sean utilizados para el retiro de los policías, y la Ley 147 de 2026, que excluye el Seguro Social del cálculo utilizado para determinar el beneficio.

Ortiz Miranda sostuvo que la vía administrativa también ha producido resultados para agentes que solicitaron reconsideración.

“Once reclamaciones de las que hemos recibido por la vía de solicitud de reconsideración ante el director ejecutivo, once han progresado”, afirmó.

El director informó que cerca de 1,680 policías han recibido en conjunto unos 6.7 millones de dólares bajo el mecanismo creado por la Ley 40.

“Tenemos 1,680 policías que recuperaron 6.7 millones de dólares, que sin la Ley 40 del 2020 ese pago no hubiese sido posible”, expresó.

Explicó que las cantidades varían según la situación de cada agente y que algunos han recibido 6,000, 8,000, 15,000, 16,000 o 24,000 dólares, mientras otros obtienen un resultado de cero en el cálculo.

Ortiz Miranda dijo que espera que la demanda no prospere y recordó que uno de los demandantes había acudido previamente al proceso de apelación interna de la Junta de Retiro.

La discusión se extendió al proyecto impulsado por la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón para atender a cerca de 55,000 jubilados que reciben menos de 1,000 dólares mensuales.

Ortiz Miranda sostuvo que el asunto requiere examinar alternativas y no limitar la discusión a si inicialmente existe o no el dinero para conceder un aumento.

“Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de personas que rindieron su año productivo al servicio de Puerto Rico. Eso no se despacha tan fácil como decir no se puede”, expresó.

“Es este el momento de hablar las alternativas, de resolverle sus problemas, no esperar que llegue la muerte para entonces decir qué vamos a hacer”, añadió.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, reiteró que el Ejecutivo continuará con la iniciativa pese a las objeciones expresadas por la Junta Fiscal.

“La gobernadora va a anunciar el mecanismo, pero no vamos a quedarnos a retirar el proyecto. Eso no va a pasar. Vamos a buscar mecanismos para atenderlos”, sostuvo Peña Payano.

Más adelante, el funcionario indicó que el Ejecutivo considera distintas alternativas para atender a los jubilados.

“Les puedo decir que va a haber alternativas, ya sea a nivel de darle aumento en pensión, algún alivio, alguna alternativa, le vamos a dar a esas casi 55 mil personas”, expresó.

Ortiz Miranda también rechazó que discutir alternativas para los pensionados constituya una actuación fiscal irresponsable.

“Más irresponsable es no discutir el tema y buscar soluciones. Eso sí es irresponsable”, afirmó.