Preocupado Educación por tono de advertencia del director de la Junta Fiscal

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica le ordenó mediante carta al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés entregar todos los reglamentos que tienen que ver con las políticas internas de organización y el funcionamiento de las escuelas.

“Incluyendo, entre otras, las proporciones de estudiantes por maestro y de personal por estudiante, los límites de tamaño de las clases, los requisitos de seguridad, las normas de mantenimiento de los planteles, el funcionamiento de las escuelas charter, la oferta ocupacional y técnica, el funcionamiento de las escuelas Montessori, el funcionamiento de las escuelas especializadas, los servicios de educación especial, los modelos de dotación de personal, los horarios y otras directrices académicas y operacionales”, reza la carta enviada por Mujica a Ramos Parés el pasado 27 de abril.

“La Junta de solicita que el DEPR identifique y presente, a más tardar el 18 de mayo de 2026, todas las políticas que atiendan los asuntos antes mencionados, así como cualquier otra política que tenga un impacto fiscal y que haya sido aprobada internamente o implementada sin seguir los procedimientos establecidos en la Política de Revisión de Reglamentos. La presentación deberá incluir, entre otras cosas, documentación de la aprobación e implementación, los análisis fiscales pertinentes (estimados y reales), la justificación legal y operacional de la adopción, y una explicación de por qué el DEPR no presentó las políticas a la Junta de Supervisión de conformidad con PROMESA y la Política de Revisión de Reglamentos”, añade el documento.

“El récord demuestra claramente que el Departamento de Educación ha mantenido comunicación constante y transparente con la Junta. Hemos participado de reuniones regulares, respondido solicitudes de información y compartido documentación relacionada con los procesos operacionales y fiscales del Departamento”, expresó Ramos Parés.

“El Departamento ha sido consistente en la entrega de información y en sostener un diálogo técnico con la Junta. Por eso, nos preocupa profundamente que se proyecte públicamente una falta de transparencia que no corresponde al historial real de comunicación y colaboración entre ambas entidades. El proceso de organización escolar está reglamentado desde 2020 y forma parte de los mecanismos administrativos ordinarios para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema educativo. Sugerir que se han implementado políticas ocultas o no divulgadas con impacto fiscal carece de contexto y no refleja la realidad del proceso”, expresó.