Presentan 80 cargos contra administradores de hogar por maltrato y negligencia a pacientes
La vista preliminar quedó señalada para el 30 de septiembre
El Departamento de Justicia presentó el martes 80 cargos criminales contra Vladimir Rosa Solá y Giselle Alvarado Pérez, administradores de la facilidad Mi Nuevo Hogar en Cidra, por alegados actos de maltrato y negligencia contra pacientes geriátricos y psiquiátricos, incluido un cargo de homicidio negligente por la muerte de una paciente.
“Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber”, dijo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en declaraciones escritas.
Según la investigación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, los pacientes tenían plan de salud, pero supuestamente fueron discriminados en la prestación de servicios y no recibieron la atención necesaria para sus diagnósticos ni un plan de tratamiento individualizado.
Una de las pacientes fue ingresada a un hospital en condición delicada y con deterioro físico. Justicia sostuvo que, pese a las intervenciones médicas recibidas durante su hospitalización, su condición continuó deteriorándose hasta que murió.
Por estos hechos, la fiscal Brenda Rosado Aponte presentó 40 cargos contra cada imputado. Cada uno enfrenta cuatro cargos por negligencia en el cuidado, cinco por maltrato a personas de edad avanzada, cuatro por apropiación ilegal, cinco por apropiación ilegal de identidad, 16 por posesión y traspaso de documentos, cinco por discrimen en los servicios de salud mental y uno por homicidio negligente.
La pesquisa también sostiene que Rosa Solá y Alvarado Pérez utilizaron las identidades de médicos para dar legitimidad al proceso de licenciamiento del hogar ante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. La facilidad posteriormente fue cerrada por esa agencia.
Justicia alegó, además, que el hogar defraudó contratos y programas del Gobierno de Puerto Rico al recibir fondos del Departamento de la Familia por servicios esenciales de salud que no fueron ofrecidos a los participantes. El Ministerio Público solicitó una restitución de 33,595.48 dólares.
La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa para arresto por todos los cargos y fijó una fianza de 20,000 dólares a cada imputado. Ambos permanecerán bajo supervisión electrónica.
La vista preliminar quedó señalada para el 30 de septiembre.
