Proponen plan de 20 años para rehabilitar infraestructura de agua

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés Otero, anunció el lunes la radicación de un proyecto que establecería un programa de 20 años para rehabilitar la infraestructura de agua y reducir las pérdidas del sistema a 30 por ciento para 2031.

“Tal como sucedió con la infraestructura eléctrica, la infraestructura de agua de Puerto Rico es una obsoleta, fuera del Superacueducto, que nunca recibió el mantenimiento que requiere y hoy estamos observando el producto de esa inacción. El momento ha llegado para atemperar la ley a la nueva realidad que vivimos en el Puerto Rico de la tercera década del siglo XXI. La misma se encuentra enfocada en la rehabilitación de esas estructuras, ampliar la capacidad de los embalses y proteger la integridad del Acuífero del Sur, entre otros”, dijo Parés Otero en declaraciones escritas.

Denominada Nueva Ley de Agua para el Puerto Rico del Siglo XXI, la propuesta declararía el servicio de agua como una prioridad pública y ordenaría la rehabilitación por fases del sistema de distribución y de la infraestructura del embalse Carraízo.

Parés Otero sostuvo que Puerto Rico pierde más de la mitad del agua producida y que la meta propuesta puede alcanzarse con la tecnología disponible. La medida también crearía nuevas servidumbres de paso en los embalses administrados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica para facilitar los trabajos de dragado desde las orillas.

“Con esta nueva ley buscamos reducir a 30 por ciento esa pérdida en un periodo de cinco años. Algo realista con la tecnología disponible. Igualmente, se tiene que trabajar con la servidumbre de paso, que en la mayoría de los embalses no se tiene, lo que hace dificultosos los trabajos de dragado de orilla”, añadió.

El proyecto dispone que los embalses mayores, entre ellos Carraízo y Toa Alta, sean dragados cada 15 años. También ordenaría completar el embalse y la planta de filtración El Valenciano, en Juncos, no más tarde de 2032.

Otras disposiciones aumentarían las multas por el robo de agua y la perforación de pozos sin autorización, además de crear un incentivo contributivo para la compra de cisternas residenciales.

Durante una declaración de emergencia por sequía, la AAA tendría que presentar cada 30 días ante la Asamblea Legislativa informes detallados sobre las acciones adoptadas para mitigar sus efectos.