Senado aprueba medida para fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores

El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1141, una medida de la autoría de la senadora por el Distrito de Ponce, Jamie Barlucea, dirigida a fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores y garantizar el cumplimiento efectivo de los descuentos y beneficios que les reconoce la ley.

Con esta acción legislativa, se busca reforzar los mecanismos de orientación, atención de querellas, fiscalización y cumplimiento relacionados con los descuentos y beneficios que reciben los adultos mayores, particularmente en áreas como actividades culturales, recreativas, deportivas, artísticas y servicios de transportación pública. La medida enmienda la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores” para incorporar expresamente al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dentro de las agencias con responsabilidades específicas en la implantación de esta política pública.

“La aprobación de esta medida representa un paso importante para asegurar que los derechos de nuestros adultos mayores no existan únicamente sobre el papel, sino que puedan ejercerse de manera efectiva. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las herramientas que les permitan reclamar los beneficios que les corresponden y garantizar que las agencias del Gobierno cuenten con mecanismos claros para velar por su cumplimiento”, expresó la senadora Barlucea.

La legisladora destacó que Puerto Rico enfrenta una realidad demográfica en la que la población de adultos mayores continúa en aumento, por lo que resulta indispensable fortalecer las estructuras gubernamentales que protegen su bienestar, promueven su participación social y garantizan el acceso a los beneficios reconocidos por ley.

“La experiencia y las facultades de DACO en materia de protección al consumidor, investigación, orientación y atención de querellas serán una herramienta adicional para proteger a nuestros adultos mayores y facilitar que puedan hacer valer sus derechos cuando enfrenten incumplimientos”, añadió.

La medida contó con el respaldo de entidades como la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), el Departamento de la Familia y el propio Departamento de Asuntos del Consumidor, quienes coincidieron en que la propuesta fortalece la política pública de protección a esta población y promueve una mayor coordinación interagencial.