Senado exige expedientes sobre contratos de Gobernación, Power Expectations y permisos

El Senado aprobó tres peticiones de información para examinar contratos autorizados desde la Secretaría de la Gobernación, el proceso que produjo el acuerdo de generación temporera con Power Expectations y el cumplimiento de la ley que ordenó implantar un código para inspeccionar estructuras de más de 2,000 pies cuadrados.

Las peticiones 2026-0106, 2026-0107 y 2026-0108 fueron presentadas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al amparo de la Regla 18 del reglamento legislativo.

Por medio de la primera petición, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, tendrán cinco días laborables para entregar un registro certificado de los contratos y las compras procesados desde el 1 de julio hasta las fechas efectivas de las renuncias de Francisco Domenech Fernández e Itza García Rodríguez.

El requerimiento comprende las determinaciones que Domenech Fernández y García Rodríguez emitieron personalmente desde el 21 de julio, cuando se anunciaron sus renuncias, y la identificación de cualquier funcionario que ejerciera de forma delegada o interina la facultad de autorizar contratos y órdenes de compra.

Domenech Fernández ocupaba la Secretaría de la Gobernación y la dirección ejecutiva de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. García Rodríguez se desempeñaba como subsecretaria de la Gobernación. Ambos continuaron en sus puestos hasta las fechas efectivas de sus renuncias, a pesar de que eran objeto de referidos y pesquisas.

Para el segundo requerimiento, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata Acosta, tendrán diez días laborables para entregar el expediente completo del proceso de generación temporera.

Dicho proceso culminó el 10 de junio con un contrato a Power Expectations para instalar aproximadamente 400 megavatios de capacidad en las centrales Aguirre y Costa Sur. El acuerdo tenía una vigencia de diez años y un valor máximo estimado de 5,886 millones de dólares.

La Junta Fiscal revocó su aprobación el 14 de agosto, después de que la matriz de uno de los integrantes originales del consorcio alegara que no participaba del proyecto y que su nombre y firma se utilizaron sin autorización.

Una de las interrogantes planteadas por el Senado se relaciona con el documento que acreditaría el cambio de nombre corporativo de Enchanted Rock a ERock, Inc. La petición cuestiona por qué el documento no formó parte del expediente original y afirma que la copia utilizada se obtuvo mediante una búsqueda en ChatGPT realizada el 9 de agosto.

También se requirieron el contrato y sus enmiendas, los documentos de debida diligencia de las empresas del consorcio, las comunicaciones intercambiadas durante la adjudicación y una explicación de las salvaguardas que se aplicarán al nuevo proceso para adquirir cerca de 3,000 megavatios. Las agencias deberán preservar toda la documentación vinculada al contrato debido a los referidos realizados al Departamento de Justicia y a las autoridades federales.

Este fue el segundo intento de adjudicar un contrato a Power Expectations dentro del mismo proceso. Una adjudicación anterior para 800 megavatios durante tres años quedó sin efecto por determinación judicial. El procedimiento se reabrió en julio de 2025 y el término se extendió a diez años.

Power Expectations negó el lunes cualquier fraude o tergiversación. Su principal oficial ejecutivo, Eddie Echevarría, sostuvo que la relación comercial era con Enchanted Rock, LLC y no con ERock, Inc., y afirmó que los acuerdos del consorcio permanecían vigentes cuando se firmó el contrato.

Finalmente, la tercera petición concede 72 horas al director ejecutivo interino de la Oficina de Gerencia de Permisos, Miguel Manzano, para demostrar el cumplimiento de la disposición legal que creó el Comité de Revisión de Códigos de Construcción.

Manzano deberá entregar la orden que constituyó el comité, su composición actual, las actas de sus reuniones y el estado de los trabajos para adaptar el Código Internacional de Mantenimiento de Propiedades de 2021 a Puerto Rico. La ley exige un proceso uniforme de inspección, certificación y recertificación para estructuras de más de 2,000 pies cuadrados.