Senado impulsa alivios y ajustes regulatorios que presionan a LUMA
Otras medidas aprobadas incluyen exenciones contributivas a pequeños negocios, nuevos beneficios para atraer médicos, cambios en tecnología gubernamental
Foto: Suministrada
En el día final de aprobaciones, el Senado aprobó varias medidas legislativas, comenzando con la Resolución de la Cámara 93 para cesar el cobro de 300 dólares o todo cargo por concepto de Estudio Suplementario y por mejoras a la red que hubiese sido requerido para sistemas de hasta 25 kilovatios.
El Proyecto del Senado 11 exime a los negocios con ingresos menores de tres millones de dólares del pago de contribuciones sobre propiedad mueble y elimina la obligación de radicar la planilla correspondiente, sustituyéndola por una Certificación de Volumen de Negocios que incluya únicamente una declaración jurada y copia de la planilla radicada ante el Departamento de Hacienda.
Con el Proyecto del Senado 15, el Senado actualizó el Código de Incentivos para reforzar la disponibilidad de médicos. La medida fija una tasa contributiva preferencial de doce por ciento, garantiza quince años iniciales de exención y permite extender el periodo por quince años adicionales. También amplía la definición de médico cualificado e incluye un mecanismo de compensación para quienes incurrieron en gastos bajo la derogada Ley 47-2020.
En materia tecnológica, el Proyecto del Senado 746 crea la Junta Adjudicativa de Tecnología como organismo responsable de evaluar y aprobar proyectos y compras de tecnología en el Gobierno, con el fin de fortalecer la transparencia y la fiscalización. Además, redefine funciones dentro de PRITS y moderniza su rol estratégico. A la vez, el Proyecto del Senado 834 impone un límite de seis meses para solicitudes de reconsideración de denegaciones ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 668, que añade la definición de expendedora de boletos al Código de Rentas Internas. Asimismo, dio paso al Proyecto del Senado 697, que crea la “Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago de Puerto Rico”. La medida establece un deslinde de la zona marítimo-terrestre basado en criterios científicos y jurídicos para proteger el litoral, reforzar la planificación territorial y mejorar la gobernanza ambiental.
Para atender los alquileres a corto plazo, se aprobó el Proyecto del Senado 238, que obliga a todos los municipios a crear un registro uniforme con licencias, límites operacionales y penalidades para anfitriones y plataformas digitales. El objetivo es reforzar la convivencia residencial, mejorar la fiscalización municipal y ofrecer un flujo adicional de ingresos locales.
La agenda incluyó el Proyecto del Senado 378, que autoriza acuerdos colaborativos entre el Departamento de Corrección y agencias o entidades privadas para permitir que deudores de pensión alimentaria realicen trabajos comunitarios como alternativa al encarcelamiento. También se avaló el Proyecto del Senado 485, que consolida varias leyes sobre servicio al cliente y evaluación de desempeño para establecer un marco uniforme en la administración pública.
En asuntos legales y sociales, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 707 para armonizar la Ley del Registro de la Propiedad con el nuevo Código Civil, el Proyecto del Senado 735 para declarar el catorce de octubre como el Día de Concientización del Trastorno Obsesivo-Compulsivo, y el Proyecto del Senado 745, que elimina la obligación de presentar índices notariales negativos mensuales y simplifica la fiscalización notarial.
Como parte de medidas camerales reconsideradas, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 407 para declarar como Reserva Agrícola los terrenos de la Escuela Especializada Agroecológica Laura Mercado. También avaló el Proyecto de la Cámara 455 para integrar más personal del Departamento de Corrección al Cuerpo de Oficiales de Custodia, el Proyecto de la Cámara 602 para ofrecer descuentos y amnistías temporeras en multas administrativas relacionadas con AutoExpreso, y el Proyecto de la Cámara 808, que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales en escuelas públicas hasta octavo grado.
