Senado lidera sesión de trabajo con agencias estatales y federales para fortalecer estrategias contra el crimen

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, y el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, encabezaron el jueves una sesión estratégica de trabajo junto al comisionado de la Policía, Joseph González, y representantes de agencias estatales y federales para fortalecer la coordinación interagencial y delinear acciones dirigidas a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas en Puerto Rico.

Durante el encuentro se evaluaron estrategias de inteligencia, vigilancia y seguridad marítima, así como medidas para reforzar la capacidad operacional de las agencias de ley y orden y atender retos relacionados con el trasiego de drogas, armas y municiones hacia la isla.

“La colaboración entre autoridades estatales y federales ha producido resultados concretos en la calle. Operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y estrategias coordinadas han permitido intervenciones más efectivas contra organizaciones criminales, incautaciones importantes y avances en la contención de actividades ilícitas. Ese es el modelo que funciona y el que tenemos que seguir fortaleciendo”, expresó el presidente senatorial.

Por su parte, el senador Gregorio Matías Rosario destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre las entidades responsables de la seguridad pública. “Una iniciativa importante donde surgieron ideas y recomendaciones para tener las calles más seguras”, sostuvo el legislador.

Del mismo modo, el comisionado de la Policía, apoyó iniciativas como estas, porque como describió le acercan a los legisladores y, de esta forma puede delinear estrategias e iniciativas que aporten a la seguridad de Puerto Rico. Este foro permite “darles a las agencias de ley orden más herramientas para combatir el crimen… Aquí vinimos a construir soluciones, continuaremos trabajando con todos para proteger la isla y mantener segura nuestras comunidades”, expresó González.

Durante la conversación, en cuanto al tráfico de armas, el comisionado Joseph González sostuvo que “el tráfico de armas no es un problema estatal, es un problema interestatal… no es un tema de cumplimiento de ley, es un tema de seguridad pública”. Asimismo, se discutió la necesidad de atender el problema de la venta ilegal de municiones y las limitaciones existentes en torno a la fiscalización del uso de estas. Durante el diálogo se explicó que, aunque existen registros de compra en las armerías, no necesariamente se controla la cantidad utilizada en los polígonos o el tiempo en que son consumidas, lo que podría facilitar la reventa ilegal de municiones en el bajo mundo.

Ante ese planteamiento, el presidente del Senado indicó que el asunto podría atenderse mediante legislación. “Si hay un tope y no hay término para utilizarlo, hay que ver si además del registro que se propone… quizás también podría regularse el término de tiempo en que se utilicen esas cantidades”, expresó Rivera Schatz. El líder senatorial sostuvo además que es posible evaluar medidas para regular tanto la cantidad de armas adquiridas como el tiempo para el uso de las 20 mil municiones permitidas actualmente.

Sobre el narcotráfico, los participantes señalaron que Puerto Rico continúa siendo un punto estratégico para el tráfico de drogas entre el Caribe y el sureste de los Estados Unidos. Durante la discusión se indicó que gran parte de las sustancias controladas llegan desde República Dominicana y el sureste estadounidense, utilizando principalmente embarcaciones tipo lancha para su transporte. También se destacó que, según estimados discutidos durante el encuentro, en el Caribe podrían movilizarse más de 86 mil toneladas de cocaína durante el 2025.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), al señalarse que constituyen la primera línea de defensa marítima contra el narcotráfico. Asimismo, en torno a la seguridad fronteriza, los participantes discutieron la importancia de reforzar las operaciones marítimas y portuarias en Puerto Rico.

Durante el intercambio se indicó que aproximadamente el 80 por ciento de la droga que entra a Puerto Rico continúa hacia los Estados Unidos, mientras el restante 20 por ciento permanece en la isla para distribución local. También se destacó la reducción en la cantidad de agentes de FURA, al pasar de aproximadamente 1,000 agentes a cerca de 400 desde el año 2000.

Entre las recomendaciones discutidas figuró asignar mayores recursos presupuestarios para el mantenimiento y modernización de equipos utilizados. A su vez, se propuso aumentar la iluminación y la instalación de cámaras de vigilancia en puertos y muelles, además de fortalecer la inversión en recursos y personal.

En cuanto a la retención de empleados federales en Puerto Rico, los participantes señalaron que uno de los principales problemas identificados son los altos costos contributivos. Según se explicó, muchos empleados federales permanecen en Puerto Rico por períodos cortos antes de solicitar traslados a otras jurisdicciones. En el caso de la DEA, se indicó que los agentes suelen permanecer entre uno y un año y medio en la isla.

Sobre ese particular, Rivera Schatz sostuvo que será importante mantener un diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal y el componente económico del Ejecutivo para explorar mecanismos de alivio contributivo que ayuden a retener personal federal en Puerto Rico, similar a incentivos contributivos que actualmente existen para otros sectores económicos.

El diálogo contó con la participación de representantes de agencias federales y entidades especializadas en seguridad y combate al narcotráfico, entre ellos John Kanig, del programa High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA); Roberto Vaquero, de U.S. Customs and Border Protection (CBP); Reggie Johnson, de U.S. Border Patrol; Carlos Goris, director del Federal Bureau of Investigation (FBI); Rebeca González, directora de Homeland Security; Scott Johnsosn, director del IRS; Michael Mayer, director de la DEA; Ángel Pantoja, secretario del Departamento de Hacienda; y María Conde Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses.

Al concluir los trabajos, el presidente del Senado adelantó que próximamente se estarán impulsando medidas legislativas relacionadas con la seguridad pública y el fortalecimiento de herramientas dirigidas a combatir la criminalidad y proteger a los ciudadanos de Puerto Rico. “La seguridad pública exige coordinación real, por eso queremos mantener una colaboración estrecha y constante entre las agencias de ley y orden estatales y federales y la Asamblea Legislativa, integrando inteligencia, recursos y estrategia para intervenir de manera más efectiva”, sentenció Rivera Schatz.