Tribunal federal devuelve a foro estatal pleitos contra LUMA por controversia sobre contrato de operación

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico concedió las mociones presentadas por el Gobierno de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica, ordenando que los pleitos contra LUMA Energy regresen al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

La decisión, emitida por la jueza Laura Taylor Swain, representa un revés procesal para LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC, que habían removido los casos al foro federal dentro del proceso de Título III de PROMESA relacionado con la reestructuración de la AEE. Según la orden, ambas acciones habían sido radicadas originalmente en el foro estatal antes de ser trasladadas por LUMA al tribunal federal.  

Los casos giran en torno a la controversia sobre la validez de la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022, mediante la cual se extendió el periodo interino del contrato de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica. Las demandas alegan que esa extensión incumplió requisitos establecidos en la Ley 120, la Ley 29 y el Código Civil de Puerto Rico.

En su determinación, el tribunal reconoció que tiene jurisdicción bajo PROMESA porque los pleitos están relacionados con el proceso de Título III de la AEE y podrían afectar los derechos y obligaciones contractuales de PREPA bajo el contrato de operación de transmisión y distribución. Sin embargo, Swain concluyó que esa jurisdicción no impedía devolver los casos al foro local.  

La jueza sostuvo que las acciones presentadas por las entidades gubernamentales caen dentro de la excepción de poder de policía o poder regulatorio de PROMESA. En otras palabras, el tribunal entendió que el Gobierno no estaba actuando meramente como parte contractual, sino buscando hacer cumplir normas de política pública sobre contratación gubernamental, alianzas público privadas y supervisión del sistema eléctrico.

La orden establece que las leyes invocadas por el Gobierno crean un marco legal para proteger el interés público en las alianzas público privadas, particularmente en transacciones relacionadas con la AEE. El tribunal destacó que esos requisitos legales incluyen controles sobre la aprobación de contratos, certificaciones regulatorias, límites de duración y mecanismos de transparencia.

Swain también rechazó los planteamientos de LUMA y de otros opositores al remand que caracterizaban los pleitos como una movida política o como una disputa puramente contractual. La jueza indicó que los tribunales federales no deben convertir este tipo de análisis en un juicio sobre las motivaciones políticas del Gobierno cuando lo que se plantea es la aplicación de poderes regulatorios o de política pública.  

Como resultado, el tribunal concluyó que ambas acciones son pleitos civiles presentados por unidades gubernamentales para hacer cumplir su poder regulatorio, por lo que no estaban sujetos a remoción bajo la sección 306(d)(1) de PROMESA. Esa conclusión obligó a devolver la demanda presentada por la Gobernadora y el Gobierno de Puerto Rico al Tribunal de Primera Instancia.  

En cuanto al caso presentado por PREPA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, el tribunal añadió otra razón independiente para devolverlo al foro estatal: la cláusula de selección de foro incluida en el contrato de operación y mantenimiento. Según la decisión, las reclamaciones surgen del contrato con LUMA y están sujetas a una cláusula que concede jurisdicción exclusiva al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para atender ese tipo de controversias.  

La determinación no resuelve en los méritos si la extensión del contrato de LUMA es válida o inválida. Lo que decide es el foro donde esa controversia debe litigarse. Con la orden, el debate sobre la legalidad de la extensión contractual y las reclamaciones del Gobierno contra LUMA regresan al tribunal estatal, donde las partes deberán continuar el pleito.