A la gobernadora Jenniffer González

Desde hace más de una semana se ha estado discutiendo el proyecto de ley que, según ha denunciado la Alianza de Telecomunicaciones, llevaría a las empresas de telefonía celular e internet a aumentar drásticamente un impuesto o cargo contra los consumidores. Se habla de que el gobierno, indirectamente, le metería la mano al bolsillo al pueblo por más de un billón de dólares cada año. ¿Por qué digo “indirectamente”? Porque, por diseño, la legislación está hecha para quitar responsabilidad al gobierno y culpar a las empresas de celulares e internet de ser quienes impusieron a los consumidores la carga, cuando la realidad es que es una obligación impuesta por el estado.

Yo entiendo la preocupación de la insolvencia de muchos municipios, y comprendo que son la primera línea a la hora de brindar servicios a la ciudadanía, cuando se trata de gobierno. No obstante, hay sucesos que nos revelan que esta medida va a tener un impacto negativo en la ciudadanía. Pueden decir que es todo lo contrario porque al final del día habrá más dinero en los municipios para atender necesidades. Dinero ha habido siempre… ¿y por qué tantos han caído en insolvencia? Miremos la historia del IVU. Se suponía nos salvaría económicamente y nos libraría de caer en quiebra. Los municipios estaban gozosos con el impuesto. ¿Qué sucuedió en menos de una década? Siguieron administrando igual y en menos de 10 años esos nuevos ingresos se hicieron sal y agua. El gobierno se declaró en quiebra. ¿Podemos confiar en que ese cobro a la ciudadanía redundará en servicios al pueblo o terminará en tener 3 fiestas patronales al año en vez de una? Hay una desconfianza por experiencia en la ciudadanía, y es natural.

Como se ha manejado este asunto nos pone a pensar si es algo bueno para el pueblo. Primero, ver que en la legislatura intenten zapatearse de responsabilidad diseñando un chivo expiatorio a quien culpar del golpe ya nos dice que no nos va gustar la consecuencia. Segundo, no celebrar vistas públicas, ampararse en que esto se discutió 25, 30 años, o 12 años atrás, para no discutirlo hoy como Dios manda, pues revela que que no hay mucha munición para justificar el no celebrar vista pública. Evidentemente en la legislatura buscan protegerse de un golpe político.

En la década de los 90 el Partido Nuevo Progesista (PNP) abogó por la eliminación de la Sección 936 (incentivos corporativos a farmacéuticas). Todos sabemos que la intención era influenciada por el tema de la estadidad. Se discutió a la saciedad que eso haría que la mayoría de las empresas que se beneficiaban de esos incentivos se irían. El PNP nos decía que era falso. Muchas discusiones tuve con Don Carlos Romero Barceló al respecto en mis entrevistas. ¿Qué pasó? Se fueron y ahí comenzó la crisis económica de la cuál no nos hemos recuperado casi dos décadas después. Eso es una realidad, aunque también lo nieguen.

Cuando se ha aumentado el salario mínimo, las empresas han advertido que dicho aumento se pasaría al consumidor. Cuando se aprobaron las cruditas, se advirtió que el impacto lo terminaría pagando el consumidor en aumentos, aparte del que le venía la bomba de gasolina.  Los políticos pueden decir que no, pero la realidad va por encima de la credibilidad que tenga la palabra de estos.

Toda causa tiene un efecto y las empresas de telecomunicaciones han advertido que por esta acción legislativa terminarán pasando el costo al pueblo. Las empresas pueden asumir, por el modelo de competencia capitalista, uno que otro aumento, pero ¿alguien en su sano juicio puede creer que medio o un billón de dólares anuales no será pasado al pueblo? Solo una empresa en manos de la clase política sería capaz de hacerlo. De hecho, lo hicieron con la AEE, con la AAA. Para que no les costara políticamente, hacían préstamos y más préstamos para no pasar al pueblo lo que realmente costaba producir energía y agua. El modelo reventó y se fueron dos monopolios a la quiebra. Por eso la empresa privada no puede manejarse como los políticos quieren, porque quebrararán como ellos quebraron las corporaciones públicas.

Entrando ahora en el análisis político, sorprende esta medida en el contexto histórico y político que se da. Es evidente la guerra política entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Jenniffer González, por más que quieran negarlo. Decir que no hay guerra ni división en la palma, es tan real como decir que el ELA no es una colonia o que votar por el PIP no es votar por la independencia.

Creo que en las controversias que se han dado, por ejemplo, con los nombramientos, Rivera Schatz logró ganar adeptos. Supo medir bien la temperatura y sus posturas estaban alineadas con la opinión publica, o la opinión pública se alineó con él, como usted quiera plantearlo. En cambio, la gobernadora lució obstinada y nadó contra la corriente en las designaciones más controversiales. No fueron buenos días para ella. Luego de eso, el presentar desde la legislatura esta medida, pienso, le pone un bombito al pitcher a la gobernadora para negarse a firmar una carga económica contra el pueblo. Le brinda la oportunidad de proyectarse como quien libró al pueblo de una cruz que pretendió imponer el presidente legislativo. Y aunque fuera un proyecto por petición, es el presidente senatorial quien recibe la parte negativa. Yo no dudo que haya una preocupación genuina de Rivera Schatz ante el cuadro de los municipios, pero presentar medidas que impacten directa o indirectamente servicios escenciales no debe proceder. El celular y el internet ya es un un servicio escencial.

Dentro de estas aguas revueltas se aprobó también una medida que vuelve a poner en manos de la legislatura municipal el poder aumentar los salarios a los alcaldes, contrario a establecer unos parámetros de población por municipio, etc., como es en la actualidad. En la inmensa mayoría de los casos las legislaturas municipales responden a su alcalde. Así que con esto, en la práctica, se pone en manos del alcalde el que se aumente el salario él mismo cuando tiene control de la legislatura municipal. Con esta legislación de los celulares, si se aprobara, los municipios tendrían una inyección económica, para que los alcaldes digan que han administrado formidablemente, que tienen dinero suficiente y que se puede justificar el aumento. Para considerar destrezas administrativas que justifiquen un aumento de salario, no debe considerarse cuando el “gran trabajo” sea meterle la mano en el bolsillo al pueblo.

Pueden molestarse conmigo en la legislatura o los municipios, pero en esto soy consistente. Así escribía cuando se trataba del IVA de 16% o el IVU del 11.5%, y en ese entonces ese liderato aplaudía mis columnas de opinión. Obvio, porque era sobre una administración popular. No puedo decir que aumentar la carga al pueblo es bueno cuando es un partido el que administra y malo cuando es otro partido. Esos cambios de posiciones se los dejo a los políticos.

La advertencia de las empresas de telecomunicaciones está, pasarán la carga a los consumidores porque es imposible absorber un billón de dólares, y es natural. No hablamos de dos o tres millones al año. La gobernadora Jenniffer González tiene en sus manos si bajo su administración aumentarán aún más la carga contra la ciudadanía. Si la respuestas es que sí, apaga y vámonos. Pero yo apostaría a que ella no lo permitirá, como ha dejado entrever. Ya veremos.