Abogado asegura tener muchos testigos para respaldar demanda de madre de Loíza

El abogado Iván A. Rivera Reyes aseguró que cuenta con, al menos, siete testigos dispuestos a declarar en apoyo a la demanda presentada por una madre de Loíza, quien sostiene que las expresiones e insinuaciones públicas sobre la participación de su hijo en una actividad política provocaron acoso escolar y daños emocionales. Durante una entrevista en el programa Primera Pregunta, de Telemundo, el letrado también aclaró que la alcaldesa Julia Nazario Fuentes no forma parte de los demandados.

La reclamación de Wildelia Rivera Rivera, presentada este lunes, 9 de noviembre, solicita al menos $800,000 por los daños que alega sufrieron ella y su hijo de 16 años. El recurso identifica como demandados al comunicador Ray Cruz Santiago y al abogado Joel A. Osorio Chiclana, presidente de la Legislatura Municipal de Loíza. La controversia está relacionada con la participación de cuatro estudiantes en una actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Camuy, el 14 de octubre, vinculada al senador Héctor Joaquín Sánchez. 

“Siete testigos en este momento”, expresó Rivera Reyes al describir la prueba testimonial que anticipa presentar. Explicó que ya ha entrevistado a las personas que respaldarían el reclamo y mencionó a estudiantes, maestros y miembros de la comunidad entre quienes pueden dar cuenta del alegado acoso. Según sostuvo, los comentarios no se limitaron al entorno escolar, sino que también alcanzaron a la madre y se extendieron a la comunidad.

Sobre las referencias a Nazario Fuentes en el escrito judicial, el abogado explicó que su clienta inicialmente quiso incluirla y que quedaron errores de un primer borrador. Sin embargo, afirmó que, tras examinar las publicaciones y expresiones de la alcaldesa, no encontró fundamento para demandarla por difamación. “No encuentro un acto difamatorio”, manifestó al reiterar que la acción se dirige contra Cruz Santiago y Osorio Chiclana.

Rivera Reyes alegó que los dos demandados difundieron expresiones que llevaron al público a inferir conductas de índole sexual relacionadas con los jóvenes, acompañadas de comentarios que calificó de homofóbicos. Sostuvo que ambos habían indicado que conocían la declaración de la madre que presentó una querella sobre el traslado de los estudiantes, pero que las insinuaciones posteriores no se desprendían de ese documento. A juicio del abogado, esa diferencia será relevante para sostener su alegación de que actuaron con malicia.

El representante legal también reiteró la versión de su clienta de que su hijo no consumió bebidas alcohólicas ni fue víctima o testigo de actos sexuales, deshonestos u obscenos durante el viaje. Afirmó que los jóvenes se detuvieron a comer y rechazó las insinuaciones sobre lo ocurrido. Estas manifestaciones corresponden a la postura de la parte demandante y no constituyen una determinación judicial sobre los hechos.

Respecto al permiso para asistir a la actividad, Rivera Reyes explicó que la madre recibió una llamada la noche anterior de la vicepresidenta del PNP en Loíza, quien también trabaja como consejera escolar, y autorizó verbalmente la participación de su hijo. Según el abogado, la gestión se hizo en el contexto de la función partidista de la consejera y la madre permaneció en comunicación con el adolescente durante el recorrido.

El letrado sostuvo, además, que los estudiantes terminaron sus clases temprano porque no tenían maestros disponibles para el resto de la jornada. Cuando el periodista Rafael Lenín López le preguntó por la necesidad de una autorización escrita para salir del plantel, respondió que no estaba abordando ese asunto en la demanda, pues su reclamación se concentra en las expresiones públicas y los daños que atribuye a estas.

Sobre los próximos pasos, Rivera Reyes indicó que procederá con el emplazamiento de los demandados y, posteriormente, con el descubrimiento de prueba. Añadió que podría identificar otros testigos durante el proceso. La demanda civil es distinta de la investigación sobre las circunstancias en que los estudiantes fueron trasladados a la actividad política.

Por su parte, Nazario Fuentes expresó este lunes, mediante declaraciones escritas, que sus intervenciones públicas han buscado que se investigue el asunto con rapidez para proteger a los menores. La alcaldesa declinó comentar sobre la demanda en la que aparece mencionada y reiteró su llamado a los departamentos de Justicia, Familia y Educación, así como a la Oficina de Ética Gubernamental, para que concluyan sus investigaciones con prontitud.