Aprueban penalizar agresiones fatales contra embarazadas

Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria en el último día de aprobación de medidas nuevas, el Senado de Puerto Rico aprobó ayer, la medida del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para crear la “Ley Keishla Madlane” para tipificar como asesinato en primer grado todo acto violento que cause la muerte de una mujer embarazada y del concebido en cualquier etapa de gestación.

“No es un agravante, lo que se está aprobando en el día de hoy, pero lo dejo claro para que se vote con la conciencia ilustrada. Se está considerando persona al concebido no nacido para propósitos criminales si es asesinada su madre en cualquiera de las etapas de gestación. Se está considerando al nacido no concebido quien muere por consecuencia de una agresión violenta que priva de la vida de su madre como persona. Esto es lo que estamos haciendo aquí”, destacó Rivera Schatz. 

El Proyecto del Senado 3, modifica el Código Penal y establece que, de configurarse esta modalidad, se entenderá que el agresor ha cometido dos delitos: uno contra la mujer y otro contra el niño por nacer. El proyecto responde a casos de violencia doméstica, que ha tenido consecuencias particularmente trágicas para mujeres embarazadas, como fue el caso de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz. Esta ley busca rendirle honor a su memoria y dotar al Estado de herramientas legales para castigar con mayor severidad este tipo de crímenes. 

Este proyecto añade nuevas definiciones al Código Penal, reconociendo al nasciturus o niño por nacer como “miembro de la especie homo sapiens en cualquier etapa de desarrollo” y lo declara persona natural para fines penales. Además, aclara que cualquier muerte del concebido, aun cuando la madre sobreviva, constituirá asesinato en primer grado. También dispone que, si ambas muertes ocurren como consecuencia de una conducta temeraria, se imputarán cargos de asesinato en segundo grado por cada víctima.

Las enmiendas excluyen explícitamente toda conducta relacionada con abortos legales o tratamientos médicos autorizados por ley, así como decisiones legales tomadas por la propia mujer embarazada. Con este balance, el proyecto refuerza la protección del concebido sin menoscabar los derechos reproductivos de la madre ni interferir con servicios médicos legítimos.

La senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se expresó a favor de la medida. “Es un proyecto loable del presidente del Senado… ese artículo del Código Penal de Puerto Rico bajo asesinato en nada tiene que ver con el articulado de aborto. Tiene que ver que es un agravante, el que no importa en qué etapa de gestación la mujer está embarazada, si ocurre un asesinato será considerado doble asesinato”. 

De la misma forma, apoyó el proyecto la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde. “Yo creo que en la medida en que nosotros también le demos garras a la ley estatal para poder proceder, definitivamente es una buena práctica”. 

Igualmente, del presidente senatorial fue aprobado el Proyecto del Senado 276. Con el fin de enmendar la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a los fines de hacer disponible las facilidades del Hospital Industrial de Puerto Rico a todos los pacientes que requieran servicios médico-hospitalarios; actualizar la cita de las disposiciones legales allí mencionadas. 

Aunque originalmente se le concedió una licencia al Hospital Industrial para operar 277 camas, actualmente solo utiliza aproximadamente 125, lo que representa una subutilización considerable de su capacidad. Esta situación contrasta con la necesidad urgente de aliviar la presión en el sistema de salud. La medida sostiene que ampliar los servicios que brinda el Hospital Industrial provocaría la descongestión del Centro Médico y el Hospital de Trauma de Río Piedras, canalizando pacientes para servicios especializados como cirugía, atención de quemados y cuidados intensivos. 

“Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de brindar a nuestro pueblo alternativas para lograr un mejor acceso a los servicios de salud. Además, con esta medida, promovemos la transformación del Hospital Industrial como un recurso clave para la salud pública, optimizando su infraestructura y asegurando que todos los puertorriqueños tengan acceso a servicios de calidad”, señala la medida en su exposición de motivos.  

Además, recibió aval el Proyecto del Senado 441 de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez, para enmendar la “Ley del Derecho sobre la Propia Imagen”; con el fin de atemperar a la realidad moderna del uso de la inteligencia artificial. “La presente medida busca salvaguardar el derecho de toda persona a su propia imagen en un entorno digital en el que las reglas aún no están claramente delineadas. Esta Asamblea Legislativa considera indispensable actualizar el marco legal vigente para proteger a nuestros ciudadanos ante el uso indebido de estas tecnologías”, menciona la medida. 

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 351 presentado por la vicepresidenta senatorial, la senadora Marissa Jiménez Santoni, enmienda la “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico” con el objetivo de facultar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a donar botes, embarcaciones y equipos abandonados o incautados, que no estén sujetos a confiscación bajo la Ley 119-2011, a pescadores comerciales debidamente licenciados. 

La medida dispone que el permitir la transferencia de equipo, se impulsa la autosuficiencia pesquera y se promueve un mejor aprovechamiento de los recursos del DRNA. La ley establece el procedimiento para que los pescadores interesados puedan solicitar los bienes, asegurando una evaluación transparente.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 358 presentado por el senador del Partido Popular Democrático, José “Josian” Santiago Rivera, enmienda la “Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011” con el fin de incluir a los municipios con una población menor de 30,000 habitantes dentro del orden preferente para la adquisición de vehículos confiscados. Actualmente, estos municipios deben pagar hasta el 50% del valor de tasación, mientras que las agencias de orden público estatales pueden acceder a dichos vehículos por solo el 10%. Con esta enmienda, los pequeños municipios tendrán acceso prioritario a vehículos confiscados por una fracción del costo, lo cual fortalece su capacidad para ofrecer servicios esenciales como seguridad, manejo de emergencias y transporte.

Igualmente, de Santiago fue aprobado sobre el tema municipal el Proyecto del Senado 319. La medida busca enmendar el “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines de establecer que, a partir del primero de julio de 2025, los incentivos y exenciones dispuestos en el mencionado Código, relacionados con la contribución sobre propiedad mueble e inmueble, patentes y arbitrios municipales, tendrán que ser avalados mediante ordenanza municipal. 

En un turno, Soto Aguilú se expresó a favor de la medida. “Les solicito a todo el mundo que voten a favor del proyecto porque le va a dar la oportunidad a cada municipio de Puerto Rico que una vez sea notificado que va a tener un proyecto de desarrollo turístico, urbanístico, deportivo, tendrá injerencia el gobierno municipal en expresarse sobre la cuantía estimada para arbitrios de construcción, patentes, licencias y concesiones”. 

De igual forma, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 35, de la autoría de la delegación del senador del Partido Popular Democrático, el presidente del Senado y el senador independiente, Eliezer Molina Pérez, Tiene como propósito ordenar a la Junta Estatal del Programa de Desarrollo Laboral adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico a separar como mínimo un diez por ciento del total de fondos que recibe en virtud  de la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés), a los efectos de que sean distribuidos exclusivamente para brindar servicios a personas con diversidad funcional o personas con impedimentos conforme a las disposiciones legales y las restricciones dispuestas por estatutos federales.

Durante los pasados años estos fondos otorgados bajo la Ley WIOA, han brindado una extensa variedad de actividades para el desarrollo de la fuerza laboral. Mediante estos fondos se ayuda a las personas para que soliciten empleo, a los trabajadores desplazados y a los jóvenes dentro y fuera de la escuela para que tengan acceso a nuevas oportunidades de empleo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo para tener éxito en el mercado laboral.

Alto Cuerpo confirma nombramientos

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz, rindió informes positivos a los siguientes nombramientos que fueron confirmados en la Sesión. Por consiguiente, el Senado confirmó a Juan A. Robles Adorno y María Z. Trigo Ferraiouli como jueces del Tribunal de Apelaciones en ascenso. También a Rosa Del Carmen Benítez Álvarez como jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia en renominación; la licenciada Linnette C. Velázquez Grau como fiscal de distrito del Departamento de Justicia en ascenso; el licenciado Antonio M. Cintrón Almodóvar como fiscal auxiliar II en ascenso y   Olga Birriel Cardona como miembro alterno del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente. 

Aprueban proyectos de la Cámara de Representantes

Por otra parte, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto de la Cámara 375, que propone enmendar varios artículos de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para atender el uso de vehículos todo terreno, la renovación de marbetes para motocicletas, y las actividades peligrosas como las corridas ilegales y maniobras riesgosas en las vías públicas. 

La medida surge en respuesta a la Resolución de la Cámara 85, que impulsó una investigación sobre la conducción temeraria y sus consecuencias. Entre las enmiendas propuestas, se destacan nuevas restricciones al uso de vehículos “off road” en áreas protegidas, sanciones más severas para quienes participen o inciten carreras ilegales, y requisitos adicionales para la visibilidad de motociclistas durante la noche.

De igual manera, el Proyecto de la Cámara 586, medida de administración, tiene como fin fortalecer la estructura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos mediante una serie de reformas. Entre ellas, redenomina la entidad como la “Defensoría de las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico”, extiende el término de su titular a diez años, y modifica la composición y funciones de su Consejo Directivo. 

Se busca garantizar una gestión más estable, representativa e independiente en la promoción de los derechos de las personas con diversidad funcional. Mientras, enfatiza el compromiso del gobierno con la inclusión, equidad y protección de esta población, con mecanismos reforzados de supervisión, transparencia y reglamentación.

A la vez, recibió aval el Proyecto de la Cámara 500, medida de administración, presentado por la delegación del PNP en Cámara, enmienda el “Código Municipal de Puerto Rico” para eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble a los medicamentos recetados. Esta exención responde a una política pública clara de ampliar el acceso a medicamentos esenciales y reducir los costos operacionales de las farmacias, especialmente las de la comunidad. Según se argumenta en la medida, el impuesto al inventario desincentiva el abasto adecuado y genera pérdidas que no pueden trasladarse al consumidor, afectando así el servicio al paciente. La exención aplica a los medicamentos definidos como recetados en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

Igualmente, el Proyecto de la Cámara 584 busca transfiere el Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), reestructurando su administración y la composición del Comité Asesor que lo supervisa. La medida responde a la necesidad de alinear este programa, financiado por el Departamento de Justicia federal, con una agencia estatal que maneje directamente la rehabilitación de jóvenes transgresores y el desarrollo de estrategias de prevención. Este proyecto de ley define las funciones del DCR en la coordinación de tutorías, programas educativos y reportes de progreso, y asegura el traspaso de personal, propiedad y fondos sin menoscabar derechos adquiridos de los empleados.

También, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 654 para crear la “Ley para la Educación de Crianza Responsable”, para establecer la obligación de ofrecer talleres de orientación en crianza a padres y madres al momento del nacimiento o adopción de un menor, como medida preventiva ante el maltrato infantil. Según estadísticas citadas, el 78.9 por ciento de los casos de maltrato reportados en Puerto Rico son por negligencia, lo que refuerza la urgencia de intervenciones educativas. Los talleres serán ofrecidos en hospitales, centros de adopción y oficinas del Departamento de la Familia o de Salud, e incluirán temas como lactancia, disciplina positiva, prevención del síndrome de bebé sacudido y obligaciones legales bajo la Ley 57-2023. Su cumplimiento será supervisado por el Departamento de Salud, y los hospitales que incumplan podrán enfrentar sanciones administrativas.

Además, fueron aprobados el Proyecto del Senado 45; los Proyectos de la Cámara 4 y 422; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 24 y 58.