Cien días de improvisación y una agenda sin prioridades

Un gobierno es evaluado, en la mayoría de los casos, por dos momentos clave: (i) los primeros cien días de administración y (ii) los cien días previos a una elección, cuando busca revalidar. Salvo eventos extraordinarios, la percepción pública no suele cambiar drásticamente.

En Puerto Rico, el último gobernador que logró revalidar fue Pedro Rosselló en 1996; desde entonces, ninguno ha permanecido en el poder más de un cuatrienio. La actual gobernadora rompió con los esquemas al retar en primarias a un gobernador de su propio partido. Durante su campaña, lanzó fuertes criticas contra Pedro Pierluisi, y ese tono confrontativo se mantiene. En su mensaje de los primeros cien días intensificó sus ataques contra el exgobernador. Claramente la gobernadora no ha pasado la página de la pasada primaria. 

Desde antes de que esta administración asumiera formalmente el poder, la lentitud en los nombramientos evidenciaba una falta de sentido de urgencia. Hoy, la línea sucesoral del gobierno sigue incompleta: no hay una secretaria de estado confirmada porque no radicó planillas en 2020 y 2021; tampoco hay secretarias confirmadas en Justicia ni en el Departamento del Trabajo. Estos tres puestos son fundamentales para la estabilidad del gobierno, y su ausencia refleja una administración que improvisa y que no tiene una agenda para Puerto Rico.

Otro foco de preocupación es la falta de transparencia en torno a Francisco Domenech, cuyo historial como cabildero y la venta de su firma de cabildeo plantean serios conflictos de interés. Su poder, junto al de su esposa, Verónica Ferraiouli, genera cuestionamientos, especialmente considerando que el secretario de la gobernación también dirige la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Añadamos también que, Domenech no ha presentado su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental, una omisión inaceptable que mina la credibilidad de dicha oficina. 

En su mensaje, la gobernadora habló de un “alivio energético” justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal evalúa un alza en la tarifa de luz para financiar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Prometer una reducción en el costo de la electricidad en este contexto es irresponsable y revela desespero político. LUMA, Genera PR y la misma Junta han solicitado aumentos, lo que evidencia la incapacidad del gobierno para fiscalizar eficazmente a las privatizadoras y resolver el problema de las pensiones de la AEE. En lugar de ofrecer soluciones concretas, la gobernadora desperdició una oportunidad clave en su mensaje para anunciar una alternativa a este problema. 

En el tema de la manufactura, la gobernadora fue muy liviana. La principal legislación en el Congreso sobre el tema de la manufactura, el HR 1328, fue impulsada por el comisionado residente, Pablo José Hernández, y la congresista republicana Nicole Malliotakis. Sin embargo, en lugar de respaldar esta medida crucial para fortalecer nuestro ecosistema industrial, la gobernadora no dijo nada y dejó pasar otra oportunidad de oro.

Estos cien días han estado marcados por la improvisación y la falta de una agenda de prioridades. Ni el penepé más fanático puede señalar la política pública central de esta administración. El creciente descontento ha llegado a los círculos más altos de La Fortaleza, lo que explica la reciente gira mediática de relaciones públicas y los ataques directos contra el Partido Popular Democrático y el comisionado residente.

Gobernadora, usted se incomoda cuando la fiscalizamos los domingos, pero le tengo noticias: lo haremos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Rendirle cuentas al pueblo no es una opción, es su deber. Asuma su responsabilidad, porque nosotros, como principal partido de oposición, asumiremos la nuestra.