Cámara aprueba enmiendas al presupuesto 2025-2026
El presidente cameral puntualizó que “será el primer presupuesto aprobado por la Junta, por la Cámara de Representantes y el Senado”
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Representantes durante la sesión de la Cámara. Foto: Suministrada
La Cámara de Representantes aceptó en la noche del martes las enmiendas realizadas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 136, para aprobar el presupuesto del año fiscal 2025-2026.
El presidente cameral puntualizó que “será el primer presupuesto aprobado por la Junta, por la Cámara de Representantes y el Senado”.
Fue aprobado con 37 votos a favor y 16 en contra.
De otra parte, se avaló la Resolución Conjunta 157 que asigna 20 millones de dólares a instituciones que promuevan programas de bienestar social, y el Proyecto de la Cámara 584 que transfiere el Programa de Justicia Juvenil al Departamento de Corrección. En materia de tránsito, se aprobaron varias enmiendas a la Ley de Vehículos, incluyendo el uso obligatorio de reflectores por peatones en horarios nocturnos, la notificación digital de multas y la aclaración sobre la suspensión de licencias por violar semáforos. También se avalaron iniciativas para fortalecer los derechos escolares y fomentar el servicio comunitario estudiantil.
En el ámbito educativo y cultural, se aprobaron medidas para incluir el béisbol en el currículo escolar, declarar abril como el mes de la educación financiera, y establecer el “Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño” en noviembre. Se apoyaron designaciones de reservas naturales, transferencias de terrenos a municipios para fines turísticos o recreativos, y homenajes a líderes comunitarios mediante nombramientos de instalaciones públicas. En cuanto a salud pública, se prohibió la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años y cerca de escuelas.
Por último, se ratificaron proyectos del Senado relacionados con temas penales, tecnológicos y contributivos. Entre estos figuran la extensión de exenciones contributivas en alquileres residenciales, la adopción del modelo de Comunidades Terapéuticas para rehabilitación penal, y la creación de un marco regulatorio uniforme para licenciamiento profesional. También se establecieron nuevas normas para el desarrollo y uso de tecnología en el gobierno, y se limitó a seis meses el tiempo que una persona no procesable puede permanecer en custodia sin tratamiento.
