Control, silencio y desconfianza: demanda sacude a Enrique Vilá del Corral

Dos socios minoritarios de las sociedades especiales Professional Offices Park, S.E. II y IV (POP II y POP IV) presentaron una demanda civil ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que alegan un patrón sostenido de falta de transparencia, negativa al acceso a información financiera y posibles violaciones al deber de lealtad y fiducia por parte del socio administrador, Enrique Vilá del Corral.

La acción judicial fue radicada por Jorge I. Vallejo Romeu y Ana A. Vallejo Vélez, quienes en conjunto poseen un 21.34 % de participación en ambas sociedades. El pleito persigue, principalmente, el acceso irrestricto a récords corporativos, financieros y contributivos de los pasados diez años, conforme a los acuerdos de sociedad y al derecho contractual aplicable.

Según la demanda, Vilá del Corral ha fungido como socio gestor de POP II y POP IV desde su creación, concentrando el control de las operaciones, relaciones bancarias, inversiones, contrataciones, donativos y manejo de récords de negocio. Los demandantes sostienen que, desde al menos febrero de 2025, ese control se ha traducido en una conducta caracterizada por la opacidad administrativa y la negativa reiterada a permitir una fiscalización adecuada por parte de los socios.

Solicitudes de información ignoradas

El documento judicial detalla que el 23 de junio de 2025 los socios cursaron una solicitud formal de información que incluía estados financieros auditados y no auditados, planillas contributivas, contratos, compensaciones, donativos, transacciones con entidades relacionadas y documentación vinculada a una oferta de compra por $98 millones para el complejo Professional Offices Park. Alegan que dicha oferta fue rechazada de manera unilateral sin ser divulgada a los socios.

Ante la falta de respuesta, se enviaron comunicaciones adicionales en julio de 2025 reiterando la solicitud y reclamando el derecho contractual a inspeccionar los récords de negocio. Según la demanda, el socio administrador no respondió de forma sustantiva ni justificó adecuadamente su negativa.

Inspección parcial y nuevos señalamientos

Aunque en agosto de 2025 se coordinó una inspección de documentos, los demandantes alegan que esta fue limitada e incompleta. Sostienen que solo se presentaron récords de cinco años, a pesar de haberse solicitado información de una década, y que no se permitió obtener copias de los documentos examinados.

Durante esa visita, alegan haber conocido por primera vez que cuentas de inversión asociadas a POP II y POP IV estarían registradas a nombre personal de Vilá del Corral, su esposa y su hijo, sin figurar los demás socios de las sociedades especiales. Según la demanda, ese hecho levanta serias interrogantes sobre el cumplimiento del deber fiduciario del socio administrador.

También se plantean preocupaciones sobre contrataciones, pagos y transacciones con entidades relacionadas al entorno familiar del socio gestor, así como sobre donativos realizados con fondos de las sociedades sin un desglose claro de beneficios o autorizaciones.

Fundamento legal del pleito

Los demandantes sostienen que la negativa a proveer la información solicitada constituye un incumplimiento directo de los Special Partnership Agreements, que reconocen el derecho de los socios a inspeccionar libros y récords de la sociedad, y citan jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la naturaleza fiduciaria y de confianza que rige este tipo de relación contractual.

Como remedio, solicitan que el tribunal declare con lugar la demanda, ordene la entrega completa e irrestricta de la documentación solicitada dentro de un término perentorio y condene a los demandados al pago de costas, gastos y honorarios de abogado, además de cualquier otro remedio que proceda en equidad.

Antecedentes de Vilá del Corral

El nombre de Enrique Vilá del Corral ha figurado anteriormente en controversias administrativas y señalamientos sobre manejo de contratos, seguros y posibles conflictos de interés en gestiones públicas y privadas.

Reportes de años anteriores documentan investigaciones oficiales y testimonios judiciales relacionados con su intervención en procesos administrativos, así como cuestionamientos sobre relaciones contractuales con entidades gubernamentales, específicamente bajo administraciones del Partido Popular Democrático.