Corporaciones públicas y salud universal: la receta del PIP y la vieja fórmula del fracaso
“Los monopolios estatales prometen mucho, gastan más… y al final, dejan al pueblo a oscuras“
Durante una conferencia de prensa en la pasada semana, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, junto a varios legisladores de esa colectividad, presentó un paquete de medidas dirigidas a transformar el sistema de salud en Puerto Rico. La propuesta, contenida en los proyectos P. del S. 843 y P. de la C. 960, busca crear la Corporación del Seguro Nacional de Salud (CSNS), una entidad pública que administraría un seguro universal bajo el modelo de “pagador único”.
A primera vista, el proyecto puede parecer atractivo: cobertura para todos y equidad en el acceso. Sin embargo, administrar la salud mediante una corporación pública no garantiza eficiencia. Por el contrario, politiza el sistema y crea una estructura estatal aún más grande, reproduciendo los mismos vicios que se pretende corregir.
El propio proyecto reconoce que el sistema actual sufre por ineficiencia, altos costos y falta de acceso. Pero en lugar de liberalizar el mercado, fomentar la competencia o revisar los contratos con las aseguradoras, la respuesta vuelve a ser más intervención estatal. En esencia, el remedio es el mismo mal que ha causado tantos fracasos administrativos en la isla: un gobierno excesivamente grande.
¿Corporación pública? ¿No les recuerda eso a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)? Durante décadas fue un monopolio estatal que prometía eficiencia y justicia social, pero terminó quebrada, politizada y sin capacidad para sostener el servicio. ¿Por qué pensar que un monopolio de salud controlado por el Estado tendría un resultado distinto?
Cuando el Estado administra, la política sustituye al servicio. Los nombramientos y decisiones suelen responder a compromisos partidistas más que a méritos y capacidad profesional. Además, la eliminación de la competencia privada entre aseguradoras, hospitales y clínicas reduce los incentivos para mejorar la calidad o bajar costos. La consecuencia es predecible: un sistema más costoso, más burocrático y menos ágil.
El Partido Independentista Puertorriqueño, con esta y otras propuestas, deja claro que no es una colectividad que promueva la libre empresa ni la competencia económica. Su visión de gobierno descansa en la expansión del aparato estatal y en la centralización de funciones que deberían recaer en el mercado y la sociedad civil. De llegar algún día al poder, fomentaría un Estado más grande, sostenido por el clientelismo político: una fórmula que Puerto Rico ya ha padecido a lo largo de su historia reciente, cuando distintas administraciones recurrieron al uso de corporaciones públicas y otras estructuras gubernamentales, no para servir mejor al pueblo, sino para conservar poder y ganar votos. No es casualidad que esas mismas propuestas formaran parte de su programa de gobierno “Patria Nueva”, rechazado por el pueblo en las pasadas elecciones.
La historia demuestra que las administraciones de corte socialista terminan debilitando la economía, restringiendo libertades y dejando tras de sí dependencia y pobreza. El liderato del PIP sabe que su propuesta no es sostenible económicamente; se trata de un planteamiento político para las gradas, diseñado más para llamar la atención por su actual inconsecuencia política que para ofrecer una solución real y viable.
Es cierto que en algunos países se han implementado planes de salud universales que funcionan. Pero también es cierto que esas jurisdicciones cuentan con economías sólidas y han tenido que recurrir a la imposición de impuestos adicionales para sostenerlos. La llamada “salud gratis” no existe. Nada en la vida es gratis; alguien siempre paga. Y en este caso, ese alguien es el contribuyente. Puerto Rico, en cambio, no aguanta un impuesto más. Menos aúncuando, por su situación colonial, se encuentra bajo la supervisión de una Junta de Control Fiscal que impone restricciones presupuestarias y decisiones económicas desde fuera de la voluntad democrática del pueblo.
El problema no está en la aspiración de garantizar salud para todos, sino en el método escogido. Un sistema controlado por el Estado no asegura justicia ni eficiencia. Lo que Puerto Rico necesita es un modelo que fomente libertad, competencia y responsabilidad individual, no una nueva burocracia que convierta la salud en otro campo de batalla política y fracaso.
Antes de seguir agrandando el gobierno con más corporaciones públicas, conviene recordar la lección de la AEE: los monopolios estatales prometen mucho, gastan más… y al final, dejan al pueblo a oscuras.
