En la obra “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez, todos sabían que Santiago Nasar sería asesinado, pero nadie hizo nada para evitarlo. Puerto Rico presencia otra historia donde el fin institucional se ve venir a paso lento pero firme.
La aprobación del Proyecto de la Cámara 406, que otorga autonomía fiscal, operativa y presupuestaria a la Policía de Puerto Rico, es el preludio claro de la desaparición inminente del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y, como en la novela, los indicios estaban ahí desde el principio: evidentes, repetidos y, sin embargo,ignorados.
El DSP, creado bajo la promesa de centralizar y hacer más eficiente la seguridad pública en la Isla, ha sido en la práctica un experimento fallido. Lejos de generar sinergias entre agencias, ha funcionado como un sombrero burocrático que entorpece la toma de decisiones, diluye responsabilidades y sirve como escudo burocrático ante las crisis. No es casualidad que la Policía —el cuerpo más visible, crítico y con mayor presupuesto dentro del aparato de seguridad— haya buscado, mediante este proyecto, liberarse del yugo administrativo del DSP. El mensaje es claro: la Policía de Puerto Rico quiere decidir por sí misma, sin intermediarios.
El Proyecto de la Cámara 406 no es simplemente una medida legislativa; es una declaración de liberacióninstitucional. Al devolverle a la Policía su autonomía operativa y presupuestaria, se establece un precedente irreversible. ¿Qué sentido tiene entonces mantener un Departamento de Seguridad Pública cuya agencia principal ya no responde a su autoridad? ¿Con qué propósito persiste un ente coordinador cuando sus subordinados se le desmarcan uno por uno?
La novela de García Márquez gira en torno a una muerte que todos sabían que ocurriría, pero que, por rutina, miedo o desidia, nadie detuvo. Así también ocurre con el DSP: su desaparición es una conclusión lógica a la que nadie parece querer llegar por la vía frontal. Sin embargo, el paso que representa el Proyecto Cámara 406 no es solo simbólico; es estructural.
Nos enfrentamos a una fragmentación institucional que exige una conversación seria y honesta sobre cómo debe organizarse la seguridad pública en el país.
Quienes defienden el proyecto lo hacen con el argumento de la eficiencia, del empoderamiento de la Policía, de la necesidad de actuar sin atadurasinnecesarias. Y no les falta razón. Pero si este es el camino, debe asumirse con responsabilidad y transparencia para los otros componentes del DSP, por el bien de los negociados que componen la sombrillade seguridad.
La delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes radico el proyecto 261 el cual busca devolver la autonomía fiscal, operativa y presupuestaria (que hoy está cerca para la Policía y ya consiguió el Instituto de Ciencias Forenses) al Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias, Sistema 911, Emergencias Médicas y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Corregir la errada política pública de maniatar en su operación a los negociados que velan por la seguridad del pueblo es el curso correcto. No nos podemos conformar con cercenar parte por parte este confuso y burocrático ejercicio, lo correcto es aprobar el Proyecto de la Cámara 261.
En “Crónica de una muerte anunciada”, la comunidad falló no porque ignorara la tragedia, sino porque no actuó con convicción para prevenirla. Hoy, ante la inminente eliminación del DSP, tenemos dos opciones: fingir que no pasa nada mientras las estructuras colapsan en cámara lenta, o reconocer que esta “muerte institucional” es necesaria y aprovecharla para construir algo mejor.
De eso depende si esta crónica termina en tragedia… o en oportunidad.
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Por Ramón Torres
Representante por acumulación del Partido Popular Democrático
