[EDITORIAL] Sin libertad económica no hay verdadero desarrollo

Puerto Rico lleva demasiado tiempo atrapado en una contradicción que ya no resiste defensa. Se habla de desarrollo económico, de reconstrucción, de vivienda, de inversión y de competitividad, pero al mismo tiempo se mantiene un aparato gubernamental que muchas veces convierte toda iniciativa productiva en una carrera de obstáculos. La Reforma de Permisos radicada ayer parte precisamente de ese reconocimiento: el sistema vigente se ha vuelto fragmentado, oneroso, incierto y excesivamente lento, al punto de que procesos básicos pueden tomar entre nueve y 18 meses, mientras un permiso de construcción ordinario puede tardar entre 263 y 540 días. 

Un sistema de permisos puede revelar si una sociedad confía en sus ciudadanos o si sospecha de ellos; si quiere facilitar la creación de riqueza o si prefiere domesticarla; si entiende la propiedad privada como un derecho vivo o como una concesión precaria sujeta al capricho de su población. El propio proyecto reconoce que el régimen de permisos debe permitir que la ciudadanía disfrute de su propiedad y realice iniciativas lícitas de desarrollo, uso, mejora, construcción y operación libre de interferencias irrazonables, inflexibles o desproporcionadas. 

Ahí está el corazón de esta reforma. La libertad económica no es un privilegio de grandes empresas ni una consigna abstracta de mercado. Es, en su expresión más concreta, el derecho del puertorriqueño común a abrir un negocio, remodelar su casa, desarrollar un proyecto, invertir sus ahorros y poner a producir un terreno sin quedar rehén de un laberinto normativo diseñado más para retrasar que para resolver. La exposición de motivos lo dice con claridad al señalar que el sistema actual afecta incluso al ciudadano de a pie que quiere fundar una pequeña o mediana empresa, remodelar su hogar o adquirir y operar un negocio. 

Por eso esta reforma merece respaldo. No porque prometa ausencia de reglas, sino porque propone mejores reglas. No porque debilite el interés público, sino porque intenta rescatarlo de la ineficiencia. El proyecto establece como política pública un sistema que armonice la libertad, el derecho de propiedad, el debido proceso y la protección de los recursos naturales, mientras declara de la más alta prioridad mejorar la calidad, consistencia y eficiencia de los procesos que inciden sobre el desarrollo de proyectos y la actividad económica en Puerto Rico. 

Hay una diferencia enorme entre regulación y asfixia. Regular es fijar parámetros claros para que el desarrollo ocurra con orden, seguridad y responsabilidad. Asfixiar es multiplicar requisitos, crear rutas paralelas, sembrar incertidumbre y obligar al ciudadano a mendigar permisos que deberían resolverse con reglas uniformes y tiempos razonables. El proyecto intenta corregir precisamente esa desviación al proponer un marco regulatorio simplificado, coherente y uniforme, con transparencia, certeza, confiabilidad, expedientes completos, decisiones motivadas y mayor participación de profesionales licenciados. 

Desde una perspectiva de desarrollo, esta discusión va mucho más allá de la teoría legal. Un pueblo que no puede aprobar con agilidad una vivienda, una fábrica, una ampliación comercial, una obra de infraestructura o un proyecto turístico termina empujando a su propia gente hacia la resignación. Se pierde inversión, se retrasan empleos, se encarecen proyectos y se deteriora la confianza en el Estado. La medida reconoce esa cadena de efectos al advertir que los retrasos desalientan la inversión, encarecen proyectos y reducen la capacidad del Estado para responder con agilidad. 

Puerto Rico necesita, además, enviar una señal moral y económica al mundo: aquí se puede hacer negocio. Aquí se puede emprender. Aquí el gobierno no será un enemigo natural de quien quiera producir, construir o innovar dentro de la ley. Esa apertura no implica libertinaje. El mismo proyecto insiste en mantener protección ambiental, criterios técnicos proporcionales, fiscalización robusta y mecanismos de rendición de cuentas. Lo que cambia es la filosofía de fondo: pasar de un sistema que presume la traba a uno que presume la posibilidad. 

En una isla urgida de reconstrucción, vivienda, modernización e inversión, esa no es una diferencia menor. Es la diferencia entre un gobierno que administra escasez y un gobierno que habilita prosperidad. El texto legislativo habla de sustituir un sistema incierto y fragmentado por uno claro, confiable y predecible. Esa aspiración, bien ejecutada, no solo modernizaría la permisología. Podría ayudar a redefinir la relación entre el ciudadano y el Estado. 

NewsPR favorece esta reforma porque Puerto Rico no puede seguir penalizando al que quiere echar hacia adelante. La burocracia interminable no es sinónimo de prudencia. Muchas veces es apenas la forma más costosa de la desconfianza. Y una isla que desconfía de su gente para construir, invertir y producir termina condenándose a sí mismo al estancamiento.

La prosperidad no nace sola. Necesita instituciones que la permitan. Necesita reglas claras. Necesita certeza. Necesita un gobierno que entienda que facilitar la actividad económica lícita no es regalar nada, sino reconocer la dignidad creadora de su pueblo. Si esta reforma logra acercar a Puerto Rico a ese ideal, entonces no será solo una reforma de permisos. Será una reforma de progreso para todos.