El PPD y el ELA: un problema de marca

La imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) en Puerto Rico, a raíz de la Ley PROMESA aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2016, ha traído consecuencias profundas tanto a nivel económico como político en la isla. Uno de los actores políticos más impactados ha sido el Partido Popular Democrático (PPD), organización histórica que promueve el Estado Libre Asociado (ELA) como fórmula de relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. La presencia de la JCF ha puesto en entredicho la viabilidad del ELA tal como lo concibe el PPD, debilitando su discurso y generando divisiones internas.

El PPD ha sostenido por décadas que el ELA es una fórmula de gobierno autónoma, en la que Puerto Rico posee un grado considerable de autogobierno bajo la soberanía del Congreso estadounidense. Este argumento ha sido clave en su identidad política y en su capacidad de convocar apoyo electoral. Sin embargo, con la llegada de la Junta de Control Fiscal —un ente impuesto por el Congreso de EE. UU. con poderes por encima del gobierno local para manejar la crisis fiscal—, se ha evidenciado que la soberanía real recae en el Congreso y que el ELA carece del nivel de autonomía que el PPD ha promovido históricamente.

Esta realidad ha puesto al PPD en una posición contradictoria: mientras defiende el ELA como una fórmula de autogobierno, debe operar dentro de un contexto donde una entidad federal tiene la última palabra sobre asuntos económicos clave, como el presupuesto, las pensiones, la deuda pública y las reformas estructurales. Este control ha generado resentimiento entre amplios sectores del pueblo puertorriqueño, al percibir que sus decisiones democráticas pueden ser anuladas o ignoradas por un ente externo no electo. En consecuencia, el discurso del PPD pierde fuerza y credibilidad ante un electorado que exige mayor soberanía y control local sobre los asuntos de Puerto Rico.

Además, la JCF ha profundizado las divisiones internas dentro del PPD. Algunos sectores del partido han comenzado a cuestionar la viabilidad del ELA tradicional, proponiendo su “mejoramiento” o una redefinición más soberana, mientras otros se aferran a la defensa del modelo actual. Esta falta de consenso ha debilitado al partido en el ámbito legislativo y electoral, y ha dificultado la articulación de una posición clara frente a los desafíos económicos y políticos que enfrenta la isla.

También cabe señalar que la gestión de la JCF, centrada en la austeridad y en el pago de la deuda, ha tenido un alto costo social. Recortes en servicios esenciales, como salud, educación y pensiones, han afectado a los sectores más vulnerables. Esto ha erosionado aún más la legitimidad del modelo de gobierno vigente, y ha alimentado la narrativa de que el ELA no protege adecuadamente los intereses del pueblo puertorriqueño.

En conclusión, la Junta de Control Fiscal ha expuesto las limitaciones estructurales del Estado Libre Asociado y ha puesto en crisis el discurso histórico del Partido Popular Democrático. Ante esta nueva realidad, el PPD enfrenta el reto de repensar su propuesta de estatus y redefinir su papel en un escenario donde la autonomía puertorriqueña se encuentra seriamente limitada.