Ni víctimas ni silenciadas; el derecho de las mujeres a defenderse

El problema no son las armas de fuego. El verdadero problema es la violencia doméstica, la intolerancia entre los seres humanos y la falta de educación emocional y social que se refleja a diario en nuestras comunidades. Las armas han sido injustamente convertidas en el chivo expiatorio de una sociedad que evita mirar las causas reales del maltrato, la frustración y el abuso que nos rodean. Se ha instalado el tabú de que las armas son, por naturaleza, instrumentos letales, como si se dispararan solas ante una discusión o un acto de ira. Esa visión simplista ha servido de excusa para promover políticas que restringen derechos en lugar de atender las raíces del problema.

Las armas, correctamente utilizadas y bajo la debida responsabilidad, salvan vidas. Han permitido que hombres y mujeres se defiendan ante agresores y situaciones que, sin ellas, hubiesen terminado en tragedia. En CODEPOLA (Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, Inc.) recibimos diariamente llamadas de mujeres que buscan orientación sobre el proceso de portación y, en muchos casos, apoyo psicológico tras haber sufrido abuso físico o emocional a manos de sus parejas. Les ofrecemos no solo educación sobre el manejo responsable de un arma, sino también acompañamiento emocional con profesionales de la salud mental. Esas historias no aparecen en los titulares, pero son prueba viva de que el derecho a la defensa propia puede marcar la diferencia entre ser víctima o sobreviviente.

Demonizar las armas desde una visión ideológica o progresista es un error y, peor aún, un retroceso. Quienes abogan por eliminar o restringir el acceso responsable a ellas ignoran que la violencia no proviene del objeto, sino del individuo. No es el arma la que falla; es la sociedad la que ha dejado de educar en valores, en autocontrol, en respeto y empatía.

Por eso, la reciente postura de la Procuradora de las Mujeres, defendiendo la Segunda Enmienda con valentía, merece reconocimiento. Fue criticada por sectores muy vocales que pretenden hablar en nombre de todas las mujeres, pero que no representan a la mayoría silenciosa que sí cree en su derecho a protegerse. Callar ese derecho, o cederlo por miedo al juicio social, sería permitir que la intolerancia se disfrace de moralidad.

Ya es hora de que las mujeres que creemos en la defensa propia, en la libertad individual y en la responsabilidad ciudadana levantemos la voz. Nadie más tiene derecho a hablar por nosotras ni a decidir cómo debemos proteger nuestras vidas. Defender el derecho a portar armas no es promover la violencia, es afirmar el derecho a vivir sin miedo.