Exigen que USDA revierta cierre de oficinas rurales claves
Comisionado Residente solicitó una respuesta por escrito antes del 18 de agosto de 2025, así como una reunión oficial sobre los planes del USDA
Comisionado Residente, Pablo José Hernández. Foto: Suministrada
El Comisionado Residente en Washington, Pablo José Hernández, está exigiendo respuestas al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ante los reportes de cierre de sus oficinas en Utuado y Mayagüez, ambas centros vitales para los agricultores, el desarrollo rural y los programas de asistencia alimentaria.
“Estas oficinas no son solo edificios; son líneas de vida”, expresó Hernández. “Cerrarlas sin un plan es abandonar a la gente que alimenta a nuestras familias y mantiene viva nuestra economía rural”.
En su carta al USDA, Hernández pregunta si los cierres son temporeros o permanentes, qué alternativas se ofrecerán y si se consultó con líderes municipales, agricultores y cooperativas antes de tomar la decisión. También solicitó una lista completa de las oficinas del USDA en Puerto Rico que ya han sido cerradas o que estén en riesgo.
“Cada puerta que USDA cierra en Utuado o Mayagüez es una puerta que se cierra a la seguridad alimentaria y a las oportunidades económicas”, añadió Hernández.“El gobierno federal debe respaldar a las áreas rurales de Puerto Rico, no darle la espalda”.
La carta de Hernández se basa en acciones previas que ha tomado para proteger el acceso rural a recursos federales. En marzo, Hernández advirtió al USDA sobre posibles cierres de las cuatro oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico—instalaciones que la agencia designó el mes de mayo como “críticas para la misión” en respuesta a Hernández. Luego, en junio, lideró junto a 20 colegas una carta que fue enviada a la Administración de Servicios Generales (GSA) para detener la terminación de arrendamientos que amenazan a estas oficinas en Puerto Rico y en el territorio continental. Hernández ha rechazado constantemente los recortes federales que ponen en riesgo la recuperación tras desastres, el apoyo agrícola y la seguridad alimentaria en las comunidades rurales de Puerto Rico.
Hernández ha solicitado una respuesta por escrito antes del 18 de agosto de 2025, así como una reunión oficial sobre los planes del USDA para mantener los servicios a las comunidades afectadas.
