Federación de Alcaldes pide mantener fondos administrativos de Head Start para proteger empleos y servicios
La reducción propuesta de 15% a 5% dejaría cerca de $16 millones para funciones administrativas, unos $32.1 millones menos que bajo el límite actual
Foto: Suministrada
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico solicitó al gobierno federal mantener en 15% el límite de los fondos de Head Start destinados a desarrollo y administración, ante una propuesta que lo reduciría a 5%, lo que podría provocar recortes de personal y limitar la capacidad de los municipios para cumplir con las funciones administrativas requeridas para operar el programa.
“Una reducción de 15 a 5% tendría un impacto directo sobre las estructuras administrativas y el personal que necesitan nuestros municipios para operar Head Start. Estamos hablando de empleados de Finanzas, Recursos Humanos, Compras, Legal y Auditoría que realizan funciones requeridas por ley. Por eso estamos solicitando que se mantenga el límite actual o que se establezca un estándar para los gobiernos municipales que reconozca esas obligaciones. Queremos evitar que una reforma dirigida a reducir cargas administrativas termine provocando reducciones de personal o afectando la capacidad de ofrecer los servicios”, puntualizó el presidente del organismo, Gabriel Hernández Rodríguez.
La organización estimó que, tomando como referencia los fondos federales asignados a Puerto Rico, el límite actual representa aproximadamente $48.1 millones, mientras que reducirlo a 5% dejaría cerca de $16 millones para esas funciones, una diferencia estimada de $32.1 millones anuales. Esos recursos sufragan áreas de Finanzas, Compras, Recursos Humanos, Asesoría Legal y Auditoría que los municipios mantienen para cumplir con el Código Municipal y los requisitos federales relacionados con la administración de fondos.
La petición de los alcaldes novoprogresistas forma parte de los comentarios que la federación radicó ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sobre la propuesta Reducing Federal Burden for Head Start Programs. El reglamento propuesto reduciría de 15 a 5% los costos administrativos, requeriría que toda la educación se imparta en inglés y eliminaría la autocertificación como prueba de elegibilidad, entre otros cambios. Ninguna de las modificaciones entraría en vigor hasta que el gobierno federal publique una regla final.
El ente de alcaldes presentó sus comentarios luego de recibir el 22 de septiembre a representantes de la Asociación de Directores de Head Start, la Asociación de Padres, la Asociación Amigos de Head Start y la Asociación de Empleados de Head Start. En esa reunión, Hernández Rodríguez se comprometió a presentar ante el gobierno federal las preocupaciones relacionadas con la reforma.
“Nos reunimos con directores, padres, empleados y representantes de la comunidad de Head Start para escuchar sus preocupaciones ante los cambios que se están considerando. Asumimos el compromiso de llevar estos asuntos al gobierno federal y cumplimos con esa responsabilidad. Lo que buscamos es que cualquier reforma tome en consideración cómo operan los programas en Puerto Rico y el efecto que puede tener sobre sus empleados, los municipios y las familias que reciben los servicios”, indicó el también alcalde de Camuy.
Head Start y Early Head Start cuentan en Puerto Rico con aproximadamente $320.3 millones en fondos federales, 25,671 espacios de matrícula financiados, 701 centros, 1,746 salones y cerca de 10,149 empleos directos. Los programas tienen presencia en los 78 municipios. Puerto Rico gasta $13,504 por espacio financiado en el componente preescolar, frente a una mediana nacional de $14,532. Los datos recopilados en la misiva de 15 páginas apuntan que los programas de la isla ya se encuentran entre los que menos gastan por niño atendido. Si el gobierno federal decide mantener la reducción de los costos administrativos, el organismo solicitó un periodo de al menos dos ciclos presupuestarios completos para que los municipios puedan revisar sus presupuestos y estructuras antes de implantar el cambio.
“Los municipios y las organizaciones no pueden absorber una reducción de esta magnitud de un día para otro. Trabajamos con presupuestos aprobados, estructuras de personal y obligaciones que tenemos que cumplir. Si el gobierno federal decide seguir adelante con este cambio, necesitamos una transición que permita evaluar su impacto, reorganizar los recursos y tomar decisiones sin afectar abruptamente a los empleados ni los servicios que reciben las familias”, explicó el alcalde.
Por otro lado, la propuesta federal también establece que toda la educación de Head Start se imparta en inglés. Sobre este asunto, la federación reconoció la importancia de que los niños desarrollen dominio del idioma, pero sostuvo que implantar el requisito en Puerto Rico requiere preparación y recursos para los programas, sus educadores y las comunidades. El cambio alcanzaría 1,746 salones en la isla y requeriría ajustes para un personal docente que no fue reclutado ni adiestrado para ofrecer toda la enseñanza en inglés. El análisis de impacto de la propia agencia federal reconoce que la instrucción exclusivamente en inglés puede generar costos adicionales en comunidades predominantemente no angloparlantes e identifica a Puerto Rico entre ellas.
“Favorecemos que nuestros niños aprendan inglés y desarrollen esas destrezas desde temprano. El asunto es cómo hacemos esa transición. Si el gobierno federal va a requerir que toda la enseñanza se imparta en inglés, tiene que proveer los recursos para adiestrar a los maestros, adquirir los materiales educativos y ofrecer el apoyo lingüístico necesario. Una transición bien planificada debe fortalecer el aprendizaje sin afectar la calidad de los servicios que reciben los niños”, subrayó.
Solicitó que, si se mantiene el requisito, el gobierno federal asigne fondos para readiestramiento docente, materiales y apoyo lingüístico. También pidió una excepción reglamentaria para jurisdicciones con una realidad lingüística distinta, similar a la que la propuesta concede a las agencias Head Start indígenas.
La organización peticionó, además, que las condiciones de Puerto Rico y los demás territorios sean evaluadas con sus propios datos antes de aprobar la reglamentación final. La carta establece que las áreas insulares presentan diferencias en mercado laboral, costos, transportación, idioma de instrucción y licenciamiento que inciden precisamente en varias de las disposiciones que el gobierno federal propone modificar.
