Federales acusan a planta de carne de descargar desperdicios animales
Ganaderos Borges opera un matadero y una planta procesadora de carne en Naguabo
Un gran jurado federal acusó a la empresa Ganaderos Borges Inc. y a cuatro personas de conspirar para descargar aguas residuales con sangre, tejido y excremento de animales en un cuerpo de agua que desemboca en el mar Caribe, sin el permiso requerido por la Ley de Agua Limpia.
“GBI violó repetida e intencionalmente la Ley de Agua Limpia al descargar desperdicios sin tratar en el mar Caribe, en la playa Tropical de Naguabo. Este procesamiento envía el mensaje de que quienes menoscaben deliberadamente las leyes ambientales federales y pongan en peligro el ambiente y las comunidades de Puerto Rico enfrentarán procesamiento por delitos graves”, dijo el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
La acusación imputa a César Borges Arroyo, Neftalí Borges Gómez, Erison Delgado Santos y Héctor Fulgencio Cabrera cuatro violaciones a la Ley de Agua Limpia y un cargo de conspiración. La corporación también figura como acusada.
Ganaderos Borges opera un matadero y una planta procesadora de carne en Naguabo. Sus actividades generan desperdicios con sangre, pelo, tejido y excremento de animales, además de grasa, aguas residuales, desinfectantes y otros líquidos.
Según la acusación, desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2025, Borges Arroyo y Borges Gómez ordenaron a empleados extraer los desperdicios de una laguna de retención mediante una bomba sumergible conectada a una manguera y descargarlos hacia una quebrada adyacente.
La quebrada recorre cerca de media milla hasta el mar Caribe, en el área de la playa Tropical. Las autoridades alegaron que el propósito de las descargas era evitar millones de dólares en costos anuales por el manejo de los desperdicios.
GBI tenía un permiso que prohibía las descargas y exigía transportar los residuos líquidos a una instalación autorizada. El permiso venció el 31 de julio de 2019, pero las descargas continuaron hasta al menos septiembre de 2025, según el pliego acusatorio.
Los fiscales también alegaron que los acusados ocultaban la bomba y la manguera cuando no las utilizaban y entregaron declaraciones y documentos falsos o engañosos a las autoridades para encubrir la actividad.
Cada acusado se expone a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares por cargo si resulta convicto. La corporación enfrenta multas de hasta 500,000 dólares por cada cargo.
La División de Investigaciones Criminales de la Agencia de Protección Ambiental investigó el caso con apoyo del Negociado Federal de Investigaciones.
Una acusación contiene alegaciones y todas las personas acusadas se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
