Gobernadora veta controversial proyecto sobre canales de voz

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el lunes que decidió vetar el Proyecto del Senado 615, el cual, entre otros asuntos, pretendía cobrar un tributo municipal a los canales de voz.

“Sí, y tuve conversaciones con el presidente del Senado. Hay muchos elementos de ese proyecto con los que estoy de acuerdo. Así que el presidente del Senado y yo hablamos de que los elementos que tienen que ver con los asuntos municipales se pueden volver a radicar. Lo que tiene que ver con las determinaciones de tecnología, las definiciones tienen que ir acorde con lo que se estipula a nivel federal, y veremos cuál será la acción que a nivel legislativo se toma sobre eso”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó que entendió las razones de la gobernadora para vetar varios proyectos, que se mejorarán para presentarlos nuevamente.

“Primero, agradecerle a la gobernadora los proyectos que ha firmado. Hay algunos que fueron vetados, pero todos y cada uno de los proyectos que la señora gobernadora vetó se comunicó tanto con el presidente de la Cámara como con este servidor para explicar las razones. Se discutieron en detalle aspectos técnicos que son preocupaciones legítimas y razonables que tuvo la gobernadora, y entonces se discutió que aquellos que son salvables se presenten nuevamente. Así que no se trata de que el tema o el propósito que se persigue acabó, sino que requiere que se pula un poco más. De eso se trata. La comunicación de la gobernadora con el presidente de la Cámara y este servidor en cuanto a los proyectos que han sido vetados fue excelente, con mucho profesionalismo, mucha cortesía, y nosotros estamos complacidos con lo que ha firmado y entendemos los vetos que ha impartido”, expresó Rivera Schatz.

Sobre la firma del proyecto que crea las licencias universales, González Colón mencionó que va a aprovechar los 180 días que propone el estatuto para crear los reglamentos y someter las enmiendas.

“Como la medida dispone que el Departamento de Estado tiene 180 días para establecer las reglas que las juntas reglamentadoras van a estipular para poder manejar este tiempo, nos da espacio a someter unas enmiendas, y lo conversé con el presidente del Senado. Estaremos presentando un proyecto de administración para algunos de los elementos, por ejemplo, lo que tiene que ver con bienes raíces, para estipular qué jurisdicciones, y si a los de aquí se les permite, pues si en ese estado no se les permite, no va a ser recíproco. Como el proyecto estipula 180 días para hacer esos cambios, vamos a estar dentro de esta próxima sesión, en la que se puede someter y, de aprobarse, quedaría corregido”.

“Enmiendas que incluso discutimos verbalmente buscan estar bien seguros, obviamente, de las jurisdicciones donde se tengan unos requisitos que en Puerto Rico no se tienen, o requisitos que se tengan aquí y no se exijan a los de afuera, y verificar esa reciprocidad. Esos son elementos que se trabajarán con cada junta, no para todas las licencias. Hay 28 estados que ya tienen esa legislación, así que eso permite también —es un proyecto de gran oportunidad— que el profesional local pueda, a base de esa licencia, moverse, dar servicio y exportar servicios desde Puerto Rico hacia esa jurisdicción”, añadió.

Al preguntarle por qué no solicitó la devolución de la medida para enmendarla, contestó que el tiempo de reconsideración ya había pasado.