¿Gobernanza de agua o gobernanza del Estado?

La avería del Superacueducto que dejó sin servicio a decenas de miles de abonados no es solo una anécdota sobre una tubería vieja. Todos sabemos que la red de agua potable arrastra décadas de deterioro y mantenimiento insuficiente, pero cuando insistimos en que este problema se gestó durante muchos años, el debate inevitablemente se abre a otra dimensión: ¿cómo se gobierna un país cuya infraestructura requiere horizontes de diez o quince años si sus gobiernos se reinventan cada cuatro?

En la ponencia de transición de noviembre de 2024, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que dejaba encaminado un Programa de Mejoras Capitales con más de 500 proyectos, 291 proyectos activos, un Plan Maestro actualizado y decenas de proyectos de reconstrucción y resiliencia en distintas etapas. Ese plan demuestra que el reto se había identificado y que se estaba ejecutando una agenda multianual. Sin embargo, el debate público tras la avería se ha centrado solo en la emergencia y no en la continuidad de esas iniciativas. Preguntar qué ocurrió con ese programa no es una provocación partidista; es un ejercicio mínimo de transparencia y rendición de cuentas: ¿el tramo del Superacueducto donde ocurrió la avería formaba parte de los proyectos identificados? Si era así, ¿en qué fase se encontraba al momento de la transición gubernamental y cuál es su estado actual? De los 291 proyectos activos, ¿cuántos continúan en ejecución, ¿cuántos han concluido y cuántos presentan atrasos? Si se cambiaron prioridades, ¿por qué y con qué evidencia técnica? La ciudadanía merece conocer cómo avanzan proyectos financiados con miles de millones de dólares concebidos para fortalecer la infraestructura de agua. Las averías pueden ser inevitables; la falta de continuidad institucional no debería serlo.

Insisto, igual que en otras áreas de servicio, la discusión sobre el agua tampoco puede aislarse del contexto fiscal. La ley PROMESA exige al gobierno separar claramente los gastos de capital de los operacionales y planificar las inversiones a largo plazo mediante un presupuesto de capital independiente. La Junta de Supervisión Fiscal advierte que, para cumplir ese mandato, el gobierno debe completar reformas profundas y ser capaz de aprobar presupuestos equilibrados y planes financieros plurianuales que sigan vigentes aun después de que la Junta se marche. Esa advertencia va más allá de la contabilidad: es un llamado a construir un gobierno que sirva, un Estado que toma decisiones basadas en datos, coordina entre sus agencias, planifica a largo plazo, distingue lo urgente de lo estratégico y rinde cuentas al ciudadano. Un gobierno posPROMESA no puede operar como si cada oficina fuese una isla; necesita instituciones que se apoyen mutuamente y proyectos que sobrevivan los vaivenes electorales.

Lo ocurrido con el Superacueducto ilustra por qué la modernización del aparato público debe ser integral. De nada sirve reestructurar la energía si la red de agua sigue operando con tuberías de 70 años; de poco servirá la eventual salida de la Junta si el gobierno regresa a las prácticas que nos llevaron a la quiebra. La agenda de un “gobierno que sirva” incluye establecer presupuestos de capital permanentes, fortalecer la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la capacidad de ejecución de las agencias, profesionalizar la administración pública para que los proyectos estratégicos no dependan del partido en el poder y reformar los sistemas de compras y permisos para eliminar los cuellos de botella que hoy retrasan la reconstrucción.

La crisis del agua no es únicamente una historia de tuberías viejas; es una advertencia sobre las consecuencias de administrar la infraestructura crítica con una visión fragmentada y de corto plazo. La ponencia de la AAA nos recuerda que había un plan y que muchas soluciones estaban en marcha. El debate de hoy debería concentrarse en cómo garantizar que esos proyectos se completen, cómo evaluamos su progreso y cómo construimos un modelo de gobernanza capaz de servir al país. Cuando los proyectos duran quince años y los gobiernos duran cuatro, la verdadera reforma consiste en conseguir que el calendario político no destruya la planificación técnica. Los problemas que tardaron décadas en construirse no se resolverán en un solo cuatrienio, pero tampoco deberían reiniciarse cada cuatro años. Por eso, al preguntarnos “¿gobernanza de agua o gobernanza del Estado?”, la respuesta debe ser ambas, pues solo un gobierno que sirva de verdad puede garantizar agua segura y gobernanza sostenible en todos los frentes.