Investigar los subsidios y estudiar la implantación de la energía nuclear y el ‘Waste to Energy’ cerraron la Sesión Ordinaria
Dejaron sobre la mesa el proyecto de Permisos e hicieron referidos por el abortado contrato de Nola Education

Foto: Suministrada

En el último día de la Cuarta Sesión Ordinaria, el Senado y la Cámara aprobaron medidas relacionadas con el tema de energía eléctrica, dejaron sobre la mesa el proyecto de Permisos e hicieron referidos por el abortado contrato de Nola Education.
El Senado aprobó la Resolución del Senado 657, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que ordena investigar cuánto cuestan los subsidios de energía eléctrica que hoy se cobran en la factura de luz y qué parte de los ahorros en contratos del Gobierno puede usarse para pagarlos, sin imponer impuestos nuevos.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tendrá 90 días para rendir un informe con sus hallazgos y el texto de la legislación que recomiende. El propósito es que esos subsidios se paguen con ingresos existentes del Fondo General y dejen de cobrarse a los clientes residenciales y comerciales.
De otra parte, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1092 para actualizar la Declaración de Política Pública e incluir los Reactores Nucleares Modulares Pequeños y promover la investigación sobre su posible implementación en Puerto Rico.
Asimismo, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 559, presentada por el representante Ángel Morey Noble, para estudiar la viabilidad de establecer en Puerto Rico generación de energía mediante sistemas de conversión de residuos o “waste to energy”.
Entretanto, la Comisión de Familia del Senado presentó un informe parcial de 172 páginas que contempla 22 referidos a organismos fiscalizadores estatales y federales por supuestas irregularidades en la contratación de servicios del Departamento de la Familia, particularmente el abortado contrato de $38.5 millones de dólares a NOLA Education para el programa Star Academy.
Entre los funcionarios señalados figuran la secretaria renunciante de Familia, Suzanne Roig Fuertes, y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, además de representantes de LAP Consulting Group. Los referidos contemplan al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor. La investigación examina presuntas presiones para favorecer la adjudicación del contrato y actuaciones relacionadas con su evaluación.
De otra parte, la reforma del sistema de permisos quedó pendiente para enero de 2027 después de que el comité de conferencia de Cámara y Senado no alcanzara un acuerdo sobre el texto final del sustitutivo a los proyectos senatoriales 1173 y 1183.
Las diferencias incluyen enmiendas de la Cámara relacionadas con la zona marítimo terrestre y la clasificación de terrenos rústicos especialmente protegidos.
Además, el Senado aprobó una resolución concurrente para solicitar al Congreso de Estados Unidos que atienda de forma prioritaria el estatus político de Puerto Rico y garantice igualdad de trato en Medicaid, SNAP, SSI y programas federales de vivienda.
También aprobó informes de conferencia sobre enmiendas contributivas y el retiro de fondos de cuentas IRA para adquirir o construir una residencia principal, sin limitar el beneficio a la primera vivienda. Además, avaló medidas para identificar propiedades de programas comunitarios, evaluar un registro de estorbos públicos y exigir una evaluación médica anual a menores que practiquen deportes organizados. Concurrió asimismo con la eliminación de la Junta Asesora del Programa de Desarrollo Artesanal.
Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó informes de conferencia para asignar un millón de dólares a organizaciones comunitarias y más de cuatro millones a municipios, estos últimos provenientes de ingresos de máquinas de juegos de azar. También avaló exigir que las legislaturas municipales transmitan digitalmente sus sesiones ordinarias y extraordinarias.
El pleno confirmó a Olga Birriel Cardona como miembro en propiedad del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, con respaldo de la mayoría del Partido Nuevo Progresista y oposición de las delegaciones minoritarias. Además, aprobó una resolución que solicita al próximo Congreso federal atender prioritariamente el estatus político de Puerto Rico.
Entre otras medidas, la Cámara avaló proyectos relacionados con deportes femeninos, residencias turísticas, procedimientos judiciales, licencias para donantes de sangre y títulos vehiculares bilingües.
Asimismo, autorizó investigaciones sobre fondos utilizados durante la sequía, cámaras ocultas en alquileres a corto plazo, infraestructura aeroportuaria, protocolos para víctimas de estrangulamiento, condiciones en salas de emergencia y registros de menores desaparecidos.





