Junta de Supervisión certifica presupuesto para Puerto Rico en el año fiscal 2027
Más de dos terceras partes del gasto estarán dirigidas a salud, educación, seguridad, vivienda y pensiones
Junta de Supervisión Fiscal. Foto: Redes sociales
La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) certificó el presupuesto consolidado de $33,600 millones para el Gobierno de Puerto Rico correspondiente al año fiscal 2027, el segundo presupuesto consecutivo elaborado de forma conjunta entre la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, la Asamblea Legislativa y el organismo creado bajo la Ley PROMESA.
Según la JSF, el presupuesto mantiene el equilibrio fiscal y cumple con el Plan Fiscal vigente, pero también refleja un escenario de cautela ante una desaceleración en los ingresos contributivos, el aumento proyectado en los costos del sistema de salud y los retos financieros que enfrenta el Departamento de Educación. El director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., sostuvo que Puerto Rico ha avanzado en materia de disciplina fiscal, aunque enfatizó que todavía quedan reformas importantes por completar para garantizar que el Gobierno pueda administrar sus finanzas sin depender de la supervisión del ente fiscal.
El presupuesto consolidado se compone de $13,200 millones del Fondo General, $5,500 millones del Fondo de Ingresos Especiales y $14,900 millones provenientes de fondos federales. De acuerdo con la Junta, el gasto total permanece prácticamente igual al del año fiscal anterior debido a la incertidumbre sobre los ingresos futuros y la reducción gradual de fondos federales extraordinarios.
La JSF destacó que más de dos terceras partes del presupuesto estarán destinadas a áreas consideradas esenciales, incluyendo salud, educación, seguridad pública, vivienda y el pago de pensiones. También se contemplan inversiones en infraestructura, reparación de carreteras, servicios para adultos mayores, personas con discapacidad y programas de cuido infantil. Asimismo, se reasignaron recursos mediante reducciones en nómina y gastos operacionales de algunas agencias para financiar aumentos salariales dirigidos a miembros de la Policía de Puerto Rico y oficiales correccionales.
No obstante, el organismo fiscal identificó como los principales riesgos presupuestarios el programa de Medicaid y el Departamento de Educación. En el caso de Medicaid, advirtió que cualquier gasto que exceda el límite de fondos federales tendrá que ser cubierto por el Gobierno de Puerto Rico, mientras que Educación continúa enfrentando presiones por el vencimiento de fondos federales relacionados con la pandemia, gastos recurrentes y deficiencias en la planificación fiscal.
La Junta también señaló que Puerto Rico continúa rezagado en la preparación de sus estados financieros auditados, ya que los más recientes corresponden al año fiscal 2022. Según el organismo, completar esos estados es un requisito fundamental para recuperar plenamente el acceso a los mercados de capital y constituye una condición necesaria para la eventual salida de la Junta de Supervisión bajo PROMESA.
Además del presupuesto del Gobierno central, la JSF certificó los presupuestos para entidades como la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el CRIM, COFINA, COSSEC y PRIDCO.
