Junta de Supervisión Fiscal niega “botá” por parte de Trump
Hasta el momento, no existe evidencia oficial de que la Casa Blanca hayan tramitado una remoción formal de miembros de la JSF
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una foto de archivo. Foto: Yuri Gripas
Una sorpresiva publicación del medio Breitbart News causó revuelo político anoche tras asegurar que el presidente Donald Trump habría destituido a cinco de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que administra las finanzas públicas de Puerto Rico. Sin embargo, la propia Junta negó esa información.
De acuerdo con el artículo publicado, Trump tomó la determinación de remover a Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas. Solo Andrew Biggs y John Nixon permanecerían en sus puestos. Breitbart citó fuentes cercanas al presidente que habrían descrito a la Junta como “ineficiente e ineficaz” y aseguraron que era momento de “restaurar el liderazgo con sentido común”.
La Junta niega despidos
Ante la propagación de la noticia, la Junta de Supervisión Fiscal emitió declaraciones oficiales desmintiendo categóricamente haber recibido cualquier tipo de notificación sobre despidos.
“La Junta de Supervisión cuenta con siete miembros activos y no hemos recibido información de lo contrario”, indicó la portavoz del ente fiscal, Sylvette Santiago.
Hasta el momento, no existe evidencia oficial de que la Casa Blanca hayan tramitado una remoción formal de miembros de la JSF, como lo requiere la Ley PROMESA.
¿Puede Trump destituir a los miembros?
La ley federal PROMESA, que dio origen a la Junta en 2016, permite que el presidente de los Estados Unidos designe —y también destituya— a sus integrantes, siempre que medie una causa justificada. Sin embargo, algunos miembros fueron nominados por recomendación del Congreso y su remoción podría implicar procesos legales o políticos más complejos.
Expertos en derecho constitucional señalan que una acción unilateral, fuera del marco normativo de PROMESA, podría enfrentar impugnaciones en los tribunales, sobre todo si no se realiza de forma oficial mediante comunicación directa al Gobierno de Puerto Rico y al Congreso.
Contexto: presión sobre la deuda
Esta alegada movida se produce en un momento crítico en las negociaciones de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Algunos sectores republicanos han criticado la lentitud y el alcance de la Junta, mientras que grupos de bonistas han ejercido presión para lograr menos recortes en la reestructuración de la AEE.
Además, la permanencia de la JSF ha sido fuertemente cuestionada por líderes políticos puertorriqueños de distintas ideologías, y se ha convertido en un tema recurrente en el debate sobre el futuro fiscal y político de la isla.
