
Puerto Rico, con una población de más de tres millones de habitantes, cuenta con 78 municipios. A lo largo del tiempo, estas estructuras se han convertido en el primer recurso de muchos ciudadanos para suplir necesidades de todo tipo. Si un equipo de pequeñas ligas necesita fondos, acude al municipio. Si alguien necesita una nevera, una estufa o enfrenta cualquier situación que implique un gasto, la respuesta inmediata es ir al municipio, o directamente donde el alcalde.
Este modelo asistencialista y paternalista puede sostenerse mientras el municipio reciba ingresos suficientes para atender esa demanda. Sin embargo, esos ingresos provienen de los contribuyentes que pagan patentes e impuestos municipales, quienes cada vez más se convierten en esclavos fiscales de las necesidades infinitas del resto de la población que no aporta equitativamente al sistema.
Ante este panorama, los municipios tienen una obligación ineludible: fiscalizar y combatir la economía subterránea que prolifera en sus territorios. Basta con entrar al "Marketplace" de Facebook u otras páginas en internet para constatar la cantidad de ciudadanos que operan negocios al margen de la ley, sin pagar una sola patente municipal, aunque generen ingresos considerables.
Durante años, muchos alcaldes optaron por no confrontar a estos sectores por temor a perder apoyo electoral. Esa omisión era manejable cuando el grupo informal era pequeño y los municipios aún lograban operar con cierta estabilidad. Pero hoy la balanza ha cambiado: son más los que exigen servicios que los que aportan.
En este escenario, se ha activado el botón de pánico. Los municipios están al borde del colapso fiscal. Ya no se trata de una advertencia, sino de una realidad inminente.
Indudablemente, los municipios son la primera línea de defensa, y creo firmemente que deben contar con recursos económicos para atender ciertas necesidades de sus comunidades. Sin embargo, tampoco podemos pretender que asuman responsabilidades que corresponden a cada individuo.
Ese dinero debe aportarse en igualdad de condiciones por todos los ciudadanos que componen el municipio. Es precisamente esa disparidad la que nos ha llevado a donde estamos.
Lamentablemente, ha llegado la hora cero para muchos municipios: o enfrentan la economía subterránea o se arriesgan a desaparecer.
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Por Carlos J. Rivera Santiago
Ex Secretario del Trabajo y abogado