La reforma que necesitamos vs. la reforma que podemos ejecutar

Desde que trabajé en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) entendí algo que pocas veces se dice en voz alta en el debate público, el gobierno no debe ser visto como una colección de agencias independientes. Es un sistema, y cuando una parte del sistema se mueve sin que las otras estén listas, el resultado no es reforma. Pudiéramos decir que es otro nivel de desorden.

Por eso he observado con particular atención el debate sobre la reforma de permisos que arrancó entre las ya usuales controversias, en la Asamblea Legislativa. No porque el problema no sea real, que lo es y profundamente, sino porque la conversación pública está ignorando el contexto más importante en el que esta reforma ocurre, el Gobierno todavía no ha completado la implementación de varias reformas fundamentales para la administración pública y opera bajo la supervisión de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) con un Plan Fiscal certificado que establece un orden de prioridades que no es opcional. Ese contexto lo cambia todo. 

De hecho, al revisar el Informe Final del Grupo de Trabajo para la Simplificación del Sistema de Permisos, presentado a la gobernadora en diciembre de 2025 y disponible públicamente en el portal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se valida el problema con precisión: 46 instrumentos legales separados, 45 leyes que delegan autoridad a distintas agencias, procesos que tardan entre nueve y dieciocho meses. De hecho, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón, presentó ante el Senado el 13 de abril cifras contundentes: 912 proyectos residenciales detenidos, 431 días de espera promedio, $185 millones en inversión paralizada y cerca de 6,400 empleos que la economía deja de generar, mientras el Banco Mundial ubica a Puerto Rico en el puesto 143 mundial en facilidad para obtener permisos de construcción, frente al sexto lugar que ocupan los Estados Unidos. El problema es real y urgente, lo que me preocupa es el contexto institucional en que se pretende resolverlo.

La historia del sistema de permisos en Puerto Rico es, en esencia, la historia del gobierno puertorriqueño en miniatura, un ciclo interminable de reformas parciales que no se sostienen porque nunca se atiende la arquitectura completa. Desde 1975, cuando se creó la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), cada administración de gobierno creó un nuevo organismo para atacar el mismo problema, sin que ninguno resolviera la causa raíz. La ley orgánica de esa agencia fue enmendada aproximadamente veinte veces antes de derogarse en 2009. Esta semana arrancó el noveno intento de reforma en cincuenta años. El problema nunca ha sido la falta de voluntad de reformar, fue que cada reforma se diseñó como si el resto del gobierno pudiera esperar.

Soy de la opinión que la Ley PROMESA no fue solo una intervención sobre la deuda. Fue el diagnóstico de un gobierno que históricamente tomaba decisiones en fragmentos, sin integración de datos, sin planificación multianual y sin una cultura de continuidad institucional. Lo que la JSAF impuso,entiéndase presupuestos balanceados certificados, planes fiscales con proyecciones multianuales, hitos de reforma medibles, es exactamente lo que el gobierno nunca había podido imponerse solo. El Plan Fiscal vigente incluye la reforma de permisos dentro del componente de facilitación de negocios junto a la reforma contributiva, la modernización del sistema presupuestario y la transformación del servicio público. No son iniciativas separadas, son piezas de un mismo sistema que, según el propio Plan Fiscal, deben avanzar de manera integrada para producir el crecimiento sostenible que Puerto Rico necesita, y eso es precisamente lo que no está ocurriendo.

El problema que veo es que estamos discutiendo una reforma de más de 800 páginas mientras la reforma presupuestaria permanece en proceso y la reforma contributiva todavía transita por vistas públicas en la Asamblea Legislativa sin aprobarse. Eso es medular, pues la reforma contributiva define la estructura de ingresos del gobierno, entiéndase, cuánto recauda, de quién, bajo qué tasas y con qué proyección. Sin eso aprobado, no existe una base fiscal sólida sobre la cual planificar el costo de ninguna otra reforma. Pretender diseñar la operación futura de un sistema de permisos reformado sin saber cuál será la estructura contributiva que lo financiará, directa o indirectamente, es exactamente la clase de decisión en fragmentos que nos ha traído hasta aquí.

Desde esa perspectiva, insisto que las preguntas que el debate no está haciendo son las más importantes. El Código que propone la administración crea una nueva Oficina Central de Permisos que requiere modificar el organigrama del gobierno una vez más,  plazas con salarios competitivos frente al sector privado y una modernización integral de la plataforma tecnológica que hoy administra el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (mejor conocido como PRITS), que tiene su propio plan de modernización y sus propias prioridades. ¿Está ese trabajo coordinado? ¿Quién lo certifica? Por otro lado, el modelo de simplificación que propone el liderato del Senado descansa en fiscalización posterior robusta, un aparato de inspección que hoy no existe a esa escala. ¿Está financiado en el presupuesto de la OGP para el próximo año fiscal? Otro aspectos es que las plazas nuevas que cualquiera de las dos propuestas requiere tienen que pasar por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), que todavía implementa la reforma del servicio público iniciada como piloto en el Departamento de Hacienda y la OGP en 2022 y que aún no ha concluido la implementación total en el gobierno central. 

En cuanto a los Municipios, el Código exime de tributación municipal ciertos proyectos de infraestructura pública, una disposición que afecta directamente los recaudos de los municipios. ¿Coordinó el Departamento de Hacienda de Puerto Rico ese análisis de impacto fiscal antes de que la propuesta llegara al Senado? Esto sin profundizar en si se toma en cuenta la implementación y atención de otras iniciativas queimpactan la dinámica entre Municipios y Gobierno Central,como el eterno dilema del Impuesto al Inventario. 

No planteo estas preguntas para minimizar la reforma de permisos, al contrario, las planteo porque me preocupa que se continúen discutiendo al vacío y que llevan décadas sin respuesta y cada vez que las ignoramos producimos otro capítulo de la misma historia. Mi postura es que esta reforma se haga dentro de un marco coherente con el momento fiscal e institucional que vive Puerto Rico, que la reforma contributiva y la presupuestaria avancen de la mano con ella, no como procesos paralelos que corren calendarios separados. Pues elcosto de implementación estimado en $6.9 millones para el primer año según el propio DDEC, esté certificado y presupuestado antes de que la ley entre en vigor y no después, y que el modelo de relación con los municipios que la Federación de Alcaldes todavía está definiendo, se resuelva antes de que la ley corra más rápido que la capacidad de ejecutarla.

Un gobierno que sirva no se construye aprobando buenas leyes en contextos institucionales que no están listos para ejecutarlas. Se construye cuando la reforma contributiva, la presupuestaria, la modernización tecnológica, la transformación del servicio público -entre otras - y la simplificación del sistema de permisos avanzan como partes de un mismo sistema, con la misma arquitectura, el mismo calendario y criterio de éxito. Sin presupuesto que lo sostenga y sin ingresos que lo respalden, cualquier reforma, por bien diseñada que esté, termina siendo otra promesa que el sistema no pudo cumplir. Sería como reorganizar los muebles de una casa sin la zapata. No es elegir cuál es mejor que el otro, sino que el sistema de permisos lleva cincuenta años siendo el espejo en que el gobierno puertorriqueño se mira sin reconocerse. Ese es el verdadero reto.