Es sabido por todos que la gobernadora Jenniffer González Colón es republicana, e hizo campaña por el actual presidente Donald Trump. Derecho tiene. Pero esa afiliación republicana le hace daño a Puerto Rico por silencio que ella ha guardado ante los masivos recortes presupuestarios que ya se han confirmado. Al momento, al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le han cancelado o frenado más de $800 millones asignados para este año fiscal.
Eso incluye $401 millones para el Departamento de Educación (DE) y $365 millones dirigidos a instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en centros de salud, residenciales públicos y égidas, entre otras instalaciones. El gobierno de Jenniffer González ha guardado silencio ante ese discrimen contra Puerto Rico, pues estos fondos ya estaban asignados desde la administración Biden.
Esta pasada semana, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) canceló al menos, $62.7 millones asociados a subvenciones otorgadas a organizaciones en Puerto Rico, las cuales se basaban en programas de justicia ambiental impulsados por la administración anterior.
Los municipios también están padeciendo las consecuencias del silencio de la gobernadora. Por ejemplo, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, señaló que la EPA eliminó, de manera inmediata, un acuerdo por el que se le otorgaba una subvención de más de un millón de dólares al municipio para atender el problema del abandono de propiedades, a pesar de que Vega Baja ha cumplido al pie de la letra con el propósito de esta subvención, que busca precisamente mejorar un problema ambiental y de salud pública.
Es más que obvio que para la gobernadora, la afiliación a las políticas de Trump tiene mayor peso que el bienestar y el futuro de Puerto Rico. Para muestra, otro botón: a inicios de este mes de mayo, la administración de Jenniffer González retiró la demanda del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, radicada por la administración Pierluisi, donde se reclamaba $1,000 millones a empresas multinacionales de energía y petroquímicas por daños ambientales causados por sus prácticas comerciales ilegales y los daños climáticos. En dicha demanda también estaban representados municipios con alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) como Bayamón, Guaynabo, Cataño, Orocovis y Manatí. Esos alcaldes también guardan silencio.
El cuatrienio 2025-2028 recién inicia, y en los primeros cinco meses del mismo, ya los daños a Puerto Rico se están viendo porque tenemos una gobernadora que ha puesto su afiliación republicana por encima de los intereses de Puerto Rico y su gente.
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Por Manuel Calderón Cerame
Secretario General del Partido Popular Democrático
