La violencia política en contra de la Mujer en Puerto Rico
“Cualquier persona que crea en la justicia y la democracia debería exigir un alto”.
ONU Mujeres define la violencia política contra las mujeres como “cualquier acto o amenaza de violencia, dirigido a una mujer porque es mujer, o que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, con el propósito o efecto de desalentar, restringir o impedir su participación en la vida política y pública."
Las mujeres que participan activamente en la política, como candidatas, funcionarias electas o líderes comunitarias enfrentan una forma de violencia que pocas veces se nombra y, por tanto, rara vez se denuncia: la violencia política en contra de la mujer. Esta no se manifiesta únicamente en ataques físicos o amenazas directas, sino en comentarios, cuestionamientos y acciones diseñadas para deslegitimar su autoridad, ridiculizar su cuerpo o reducir su capacidad a estereotipos sexistas.
Sin embargo, en Puerto Rico no existe legislación o sentencias judiciales que prohíban o condenen la violencia política en contra de la mujer. Aunque la Sección 1 de la Carta de Derechos establece que: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.”
En diciembre de 2024, tuve la oportunidad de participar como panelista en el Encuentro Nacional de Magistradas Electorales sobre Justicia Electoral con Perspectiva de Género, celebrado en Querétaro, México. Compartí espacio con varias integrantes de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, en cuyos países, ya existen leyes específicas contra este tipo de violencia. Al exponer la realidad de Puerto Rico, me vi limitada a hablar de normas generales de igualdad y del derecho laboral. No tenemos un marco jurídico que proteja específicamente a las mujeres en el ámbito político.
Para explicar la situación local, mencioné algunos eventos recientes. Uno de ellos ocurrió cuando el excandidato a la gobernación, César Vázquez, cuestionó públicamente el embarazo de la actual Gobernadora, sugiriendo que se debía aclarar si había sido concebido por gestación natural o subrogada. Este tipo de comentario, además de impertinente, constituyó un claro intento de socavar su legitimidad y capacidad como líder pública. También aludí a un episodio en el que un artista urbano, en presencia de Juan Dalmaú, se refirió a la Gobernadora con un término ofensivo que fue tomado como una broma. Estos comentarios no son aislados ni inofensivos.
Recientemente, la Gobernadora ha vuelto a ser objeto de ataques y burlas relacionadas con su cuerpo, los cuales han sido minimizados bajo el argumento de que no constituyen “bullying” por tratarse de una figura de poder. Debemos llamar las cosas por su nombre: estos ataques representan una forma de violencia política contra la mujer, dirigida a socavar su liderato y su participación en la vida pública.
Curiosamente las feministas no han denunciado la conducta exhibida por algunos artistas y comentaristas, y algunas justifican dicha conducta bajo el estribillo que este gobierno de 100 días es “violento e insensible”. ¿Pero qué es el feminismo? La Real Academia Española lo define como el “Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. Mientras que la Enciclopedia Britannica, lo define como la "creencia en la igualdad social, económica y política de los sexos".
La respuesta feminista ha sido silente. Un silencio que permite que estos patrones continúen. Y, peor aún, un silencio que parece ser selectivo. Porque cuando se trata de mujeres en posiciones de poder no son vistas como “aliadas ideológicas”, ahí la defensa parece desaparecer del radar de algunas voces feministas y progresistas. El feminismo, si es auténtico, no puede ser selectivo. No se trata de proteger solo a las que piensan como nosotras, sino de denunciar toda forma de violencia en contra de la mujer. La defensa de las mujeres en la política no debería estar sujeta a banderas ni colores.
Cualquier persona que crea en la justicia y la democracia debería exigir un alto. Estamos en un momento histórico que como sociedad debemos reclamar un detente. La violencia política contra la mujer no solo hiere a las víctimas directas, sino que amenaza la participación plena de todas en los procesos democráticos.
