Legisladores municipales de Arroyo exigen investigación externa por querellas de hostigamiento sexual
Afirman que el manejo del caso carece de imparcialidad y viola el protocolo municipal firmado en 2022
Legisladores municipales de Arroyo, Cyd Mary Alicea Cora y Sergio Ruiz Sánchez.
Los legisladores municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Arroyo, Cyd Mary Alicea Cora y Sergio Ruiz Sánchez, elevaron sus denuncias públicas sobre el manejo interno de querellas de hostigamiento laboral y sexual en el municipio, al presentar una querella formal ante la Junta Nominadora por un audio divulgado en plataformas digitales que, según alegan, contiene expresiones de índole sexual vinculadas al alcalde Eric Bachier Román.
La querella, presentada el 3 de diciembre de 2025, solicita que se inicie una investigación administrativa formal, que se contrate un perito en autenticación de audio para determinar si el material es genuino o alterado, y que se evalúe si, de ser auténtico, el contenido constituye violaciones éticas o actos impropios que pudieran afectar la integridad de la función pública. Los legisladores sostienen que, aunque la grabación no ha sido certificada por expertos independientes, contiene alegaciones suficientemente serias como para activar los mecanismos oficiales de investigación.
Además de la querella sobre el audio, los legisladores denunciaron que el manejo inicial de dos querellas presentadas por una empleada municipal se encuentra, según ellos, “viciado” y expuesto a conflictos de interés. Ambos señalaron que el proceso carece de transparencia y que el municipio designó a un empleado de confianza del alcalde, Anwar Salem Devaré, para coordinar el manejo de las querellas, lo que calificaron como “inaceptable” porque ese funcionario responde directamente al ejecutivo municipal.
En un comunicado previo, la legisladora Alicea Cora afirmó que “el proceso interno ha perdido toda credibilidad” y que el pueblo de Arroyo merece “transparencia y justicia, no un proceso cerrado y controlado por los mismos funcionarios señalados”. Ruiz Sánchez, por su parte, insistió en que la indignación pública obliga a que el caso “salga de las manos de funcionarios subordinados al alcalde” para proteger a la querellante y preservar la confianza en la administración pública.
Los documentos divulgados por los legisladores incluyen el Protocolo Municipal para Manejar Querellas de Hostigamiento Sexual, firmado el 20 de octubre de 2022 por el alcalde y el presidente de la Legislatura Municipal, el cual establece expresamente que cualquier funcionario bajo investigación por alegaciones de hostigamiento sexual debe ser separado de sus funciones mientras dure el proceso. Según la minoría, esa directriz no se está cumpliendo en este caso.
Asimismo, los legisladores advirtieron que cualquier represalia contra la empleada querellante, testigos o los propios legisladores será referida a entidades como la Oficina de Ética Gubernamental, la Unidad Antidiscrimen y la EEOC. También insistieron en que una evaluación externa, neutral e independiente es la única vía para garantizar un proceso confiable.
La controversia ha generado preocupación entre residentes del municipio, quienes, según los legisladores, cuestionan la independencia de la administración municipal en el manejo de las querellas internas. Alicea Cora y Ruiz Sánchez reiteraron que la situación ha tenido un impacto público significativo y que “la confianza del pueblo en la administración municipal está seriamente comprometida”.
