Los municipios deben tener voz en la transformación energética

Por demasiado tiempo, la transformación energética de Puerto Rico ha sido dictada desde escritorios distantes, ajenos a las realidades de las comunidades que sufren apagones crónicos, infraestructura obsoleta y tarifas eléctricas que no reflejan ni confiabilidad ni justicia. En este contexto, el Proyecto de la Cámara 130, representa un respiro democrático necesario.

Este proyecto propone enmendar la Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico en PR) para garantizar la participación activa de los municipios y el modelo cooperativo en los procesos de transformación del sistema. No es una idea nueva, pero sí una que ha sido sistemáticamente ignorada por el modelo centralizado impuesto a través de contratos como el de LUMA Energy.

La iniciativa reconoce una verdad fundamental: los municipios con sus alcaldes no son meros observadores en esta crisis, son los primeros en responder cuando falla el sistema. Cuando un transformador explota, cuando una comunidad lleva semanas sin luz, son los alcaldes, las brigadas municipales y los líderes comunitarios quienes dan la cara. Sin embargo, hoy no tienen ni voz ni voto en cómo se diseña ni opera el sistema que los impacta a diario.

Más aún, el proyecto abre la puerta a que las cooperativas de energía puedan asumir roles activos. Las cooperativas responden al bien común de sus miembros. Son estructuras más democráticas, más cercanas al consumidor, y en muchas ocasiones, más eficientes que los gigantes burocráticos y aunque son parte de las estructuras del sistema, no se han potenciado, incentivando, ni promovido como actores principales como son en otras jurisdicciones que representan el empoderamiento comunitario en este servicio esencial.

Hace unos días, Puerto Rico fue testigo de una escena que proyectó la frustración acumulada de miles de ciudadanos: el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, suplicando públicamente a empleados de LUMA Energy que energicen una bomba de agua en la urbanización Santa Juanita. Durante seis meses, los residentes han soportado el ruido constante de un generador eléctrico instalado por el municipio para mantener el servicio de agua potable, mientras esperan que LUMA conecte el sistema al tendido eléctrico. Esto evidencia cómo el actual modelo está deshumanizado, atrapado en trámites que no responden a la urgencia del pueblo. ¿Por qué un alcalde debe rogar por algo que debería ser automático? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llevar la privatización antes de perder completamente el control?

El Proyecto de la Cámara 130 es una propuesta seria para corregir el rumbo. Propone una estructura donde los municipios y cooperativas tengan prioridad, participación y protección legal para insertarse en este proceso. Plantea que la transformación del sistema eléctrico no debe ser un negocio de unos pocos, sino un ejercicio de justicia energética.