LUMA contrademanda al gobierno
La empresa recluta a dos exjueces del Supremo en pleito contra el gobierno por contrato
Presidenta de LUMA, Janisse Quiñones. Foto de archivo
LUMA Energy compareció el martes con un equipo legal que incluye a dos exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el pleito contra el Gobierno por la cancelación de su contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
El documento presentado en el Tribunal de Primera Instancia identifica como parte de la representación legal de LUMA al exjuez asociado Edgardo Rivera García y al expresidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton.
También figuran en el escrito los abogados José A. Andréu Fuentes y Frank Torres-Viada, además de Mariana Muñiz Lara, Jacabed Rodríguez Coss, Jan M. Albino López y Emmanuel Porro González, de DLA Piper Puerto Rico.
La comparecencia surge luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain devolviera los casos a los tribunales locales, donde el Gobierno busca anular la extensión del contrato suplementario de LUMA.
En el escrito judicial, LUMA solicitó consolidar dos casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por entender que contienen alegaciones de hechos y de derecho casi iguales.
Uno de los pleitos fue presentado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica. El otro fue radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón y el Gobierno de Puerto Rico.
Según LUMA, ambos casos plantean la misma controversia: si procede decretar la nulidad de la carta de extensión suscrita el 30 de noviembre de 2022 entre LUMA, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica.
La empresa sostuvo que mantener los casos por separado provocaría duplicidad de esfuerzos y costos innecesarios.
LUMA también informó en declaraciones escritas que presentó reclamaciones y una contrademanda contra las demandas del Gobierno.
La empresa alegó que el Gobierno utiliza fondos públicos para intentar cumplir una promesa de campaña y actuar contra sus propias decisiones relacionadas con el contrato suplementario de 2022.
LUMA sostuvo que la cancelación del acuerdo podría costar al pueblo al menos 4,500 millones de dólares en daños y costos operacionales.
La empresa también planteó que el Gobierno no ha presentado una alternativa para garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución.
“Llevaremos esta batalla legal para defender a nuestros casi 1.5 millones de clientes mientras seguimos enfocados en transformar el sistema eléctrico”, indicó LUMA en declaraciones escritas.
