La salud pública no es una moda pasajera ni un “trending topic” en redes sociales. Es una necesidad fisiológica y una responsabilidad económica. Bajo la presidencia de Donald Trump, y con Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud federal, la prevención de enfermedades crónicas ha retomado un lugar central en la agenda del gobierno federal. No se trata de ideología; se trata de datos, ciencia y, sobre todo, responsabilidad.
Esta administración ha impulsado medidas como la eliminación de colorantes artificiales en alimentos, una práctica adoptada en Europa hace décadas, y ha exigido mayor transparencia sobre los ingredientes de medicamentos, vacunas y suplementos. Algunas de estas propuestas han generado debate; otras han sido aplaudidas como “valientes”. Pero lo esencial es que todas están basadas en evidencia, en experiencias internacionales y en la filosofía clara de que la salud del pueblo debe estar por encima de los intereses comerciales.
Un pilar clave de esta visión es evitar que fondos públicos sigan subsidiando productos que dañan la salud, como refrescos azucarados, dulces, golosinas y alimentos ultraprocesados. La secretaria de Agricultura federal, Brooke Rollins, lo dejó claro en su carta del 13 de febrero de 2025: los estados y territorios deben ser “laboratorios de innovación”. Les abrió la puerta a presentar propuestas creativas para usar los fondos federales con inteligencia, audacia y enfoque en prevención. Puerto Rico no puede quedarse atrás.
Los datos son ineludibles, el 40 % de nuestros niños presenta sobrepeso u obesidad, 1 de cada 5 adultos vive con diabetes, y las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales están fuera de control. La pobreza no puede seguir siendo la excusa para usar recursos públicos en productos que enferman a nuestra gente.
Puerto Rico no participa actualmente en el programa SNAP; en cambio, recibe fondos a través de un “block grant” bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Sin embargo, nos encontramos en proceso de transición hacia SNAP, buscando paridad y acceso a los recursos que, como ciudadanos americanos, nos corresponden. En ese contexto, el pasado 27 de mayo se presentó en el Senado de Puerto Rico la Resolución Conjunta del Senado 71 (R.C. del S. 71), por petición mía a través del senador Juan Oscar Morales. Esta medida ordena al Departamento de la Familia solicitar formalmente una exención al USDA para restringir la compra de refrescos azucarados y golosinas con fondos del PAN.
Este es un paso concreto, alineado con la política nacional de prevención promovida por Make America Healthy Again. Estados como Nebraska, Arkansas, Indiana, Iowa e Idaho ya han solicitado o recibido exenciones similares. Puerto Rico puede y debe unirse a esta ola de reformas salubristas.
Al hacerlo, no solo respondemos a nuestra propia crisis de salud pública, sino que nos posicionamos como un territorio comprometido, alineado con la política nacional, incluso sin contar aún con representación plena con voz y voto en el Congreso. Como profesional de la salud, sé que cada decisión clínica importa, pero también entiendo que la salud se construye mucho antes de que el paciente entre a una sala de emergencias. Se construye en lo que comemos, en lo que bebemos y en los hábitos que el entorno permite desarrollar.
El Gobierno no puede continuar utilizando fondos públicos para subsidiar productos que sabemos que enferman a nuestra gente. Esto es especialmente grave cuando quienes reciben asistencia del PAN también suelen ser beneficiarios de Medicaid. Si financiamos alimentos que promueven enfermedades, también estaremos financiando sus tratamientos médicos más adelante. Eso no es política pública inteligente. Es un ciclo insostenible que debemos romper.
La salud de Puerto Rico no puede seguir esperando. Es un tema de dignidad, de responsabilidad fiscal y de visión de futuro. Por eso, Make Puerto Rico Healthy Again no es un estribillo de campaña publicitaria, es un compromiso serio con la vida, la prevención y el bienestar colectivo.
Puerto Rico no puede seguir siendo parte del problema. Tenemos que ser parte de las soluciones.
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Por Marcos Fabián González
Doctor en medicina y profesor en salud pública
