Medida establece bases para una Reforma de Permisos

El senador Wilmer Reyes Berríos presentó el Proyecto del Senado 968, una medida que restablece la autonomía operacional de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como instrumentalidad pública y establece bases estructurales para una Reforma de Permisos orientada a facilitar la forma de hacer negocios en Puerto Rico.

La iniciativa responde a una premisa ampliamente reconocida en política pública y desarrollo económico: la eficiencia del sistema de permisos incide directamente en la competitividad, la inversión y la creación de empleos. Un marco claro, predecible y técnicamente consistente reduce costos, acelera la ejecución de proyectos y fortalece la confianza del sector productivo. Esta visión fue recogida desde la aprobación de la Ley 161-2009, legislación impulsada bajo una administración del Partido Nuevo Progresista, cuando la hoy gobernadora Jenniffer González Colón presidía la Cámara de Representantes, y que sentó las bases para un sistema de permisos enfocado en agilidad, transparencia y eficiencia.

No obstante, con el paso de los años y tras distintas reorganizaciones administrativas, la ubicación institucional del sistema de permisos generó confusión jurídica y operacional, afectando la uniformidad de criterios, la agilidad en la evaluación de trámites y la previsibilidad que requieren comerciantes, profesionales, municipios e inversionistas. El Proyecto del Senado 968 atiende directamente esa distorsión al reafirmar el carácter técnico, especializado y autónomo de la OGPe, con responsabilidad directa sobre la administración del sistema y con líneas de autoridad claramente definidas.

Desde el punto de vista funcional, la medida fortalece la capacidad institucional del sistema de permisos al ordenar su estructura de gobernanza, reducir interpretaciones contradictorias y reforzar la toma de decisiones basadas en mérito técnico y criterios reglamentarios uniformes. Este diseño procura minimizar retrasos innecesarios, reducir controversias administrativas y aumentar la certeza jurídica en los trámites que impactan el desarrollo económico y el uso ordenado del territorio. 

Es importante destacar que esta medida no amplía el tamaño del gobierno ni añade capas burocráticas adicionales. Por el contrario, responde a un principio básico de buena administración pública: cuando una función estratégica carece de foco institucional, se multiplica la fricción. Al concentrar la rectoría del sistema de permisos en un ente técnico con mandato claro y autonomía operacional, se reducen interferencias administrativas, se eliminan duplicidades en la toma de decisiones y se acortan los tiempos de trámite, sin crear nuevas funciones ni estructuras paralelas.

“Hablar de desarrollo económico sin atender el sistema de permisos es ignorar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta Puerto Rico. Esta medida recoge y pone en acción una visión que la gobernadora Jenniffer González Colón expresó públicamente en el 2024: que el sistema de permisos necesita foco, autonomía funcional y personal técnico dedicado exclusivamente a esta función, para dejar de ser un obstáculo y convertirse en un aliado del desarrollo económico. Cuando los permisos carecen de agilidad y certeza, los proyectos se paralizan, los costos aumentan y se pierde competitividad”, expresó el senador Reyes Berríos. 

El también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado destacó que la iniciativa ordena y racionaliza el funcionamiento del sistema de permisos, fortalece su capacidad para operar con métricas, términos y estándares claros, y promueve una coordinación interagencial más eficiente. “Esto se traduce en calendarios de ejecución más predecibles, menores costos de transacción y mayor confianza del sector productivo, así como de los municipios y profesionales que interactúan cotidianamente con el sistema”, añadió.

Según el legislador, el proyecto también guarda consistencia con los principios de la Ley 122-2017, conocida como la “Ley del Nuevo Gobierno”, otra reforma estructural promovida por una legislatura y un gobernador del Partido Nuevo Progresista, que tuvo como norte la modernización del aparato gubernamental, la eliminación de duplicidades y un enfoque en resultados y eficiencia administrativa.