Entre la década de 1980 y 1990 el hermano país de Colombia vivió su peor pesadilla cuando el Cartel de Medellín, liderado por el narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria, asesinó a más de 4,000 seres humanos a punta de pistola, metralla, bombas y hasta el derribo de un avión lleno de pasajeros inocentes. Escobar asesinó al ministro de Justicia, Rodrígo Lara Bonilla, al senador y candidato a la presidencia, Luis Galán Sarmiento, coroneles de la policía, jueces y todo aquel que no accediera a sus caprichos. Incluso, en un momento dado ordenó el asesinato de policías ofreciendo recompensas a los sicarios. ¿Qué buscaba Escobar? Presionar al estado con intimidación y violencia para que se prohibiera por constitución la extradición de los narcos a Estados Unidos para ser procesados allá.
En la madrugada del pasado viernes dos agentes de la policía tuvieron que huir de una manada de cerca de 100 motoristas que los rodearon cuando se aprestaban a comer en un food truck de Barrio Obrero. La tensión fue aumentando al punto que vandalizaron la patrulla de los agentes, quienes alegan escucharon detonaciones de armas de fuego. En Río Grande, dos policías municipales de dicho pueblo terminaron inconscientes cuando perdieron el control de la patrulla y chocaron durante una persecusión a unos motoristas de estos, y que les sacaron un arma de fuego.
Yo no tengo dudas que estos mequetrefes están envalentonados y se sienten empoderados por las expresiones de la gobernadora Jenniffer González a favor de que vehículos todo terreno y prohibidos en las carreteras puedan tener tablillas para correr por la libre en las calles. “Cuando sea gobernadora de Puerto Rico yo le voy a poner tamblillas a los Banshees (fourtracks), a las motoras, a los Can-Am, a todo lo que tenga motor, para que puedan transitar por todas las carreteras…”, dijo la primera mandataria durante su campaña. Hace una semana presentó un comité para evaluar cómo hacer cumplir ese compromiso. Al anuncio llevó dueños de establecimientos de ventas de estos vehículos así como a Misael González, conocido por “Rey Charlie”, y quien es un líder de estos motoristas conocido también por sus insultos contra nuestros policías. No se invitó a la Policía de Puerto Rico al anuncio del comité, o por lo menos no estuvieron.
De igual manera, estoy seguro que la intención de la gobernadora González nunca fue que se formara este sal pa’ fuera contra la uniformada. Ella es su comandante en jefe. Sin embargo, como están las cosas con estos grupos campeando por su respeto en las calles, era anticipable que algo así pudiese ocurrir.
Este tema hay que cortarlo ya porque mientras más se estire, puede terminar en algo peor. Mi consejo, no solicitado, es que se anuncie que las tablillas para estos vehículos que no cumplen no van. Digo, por todo lo discutido, creo no hay break de que estos motoristas se puedan tirar a la calles con la bendición del gobierno. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda, y si el fabricante de los vehículos dice que no se pueden correr en carreteras, pues no se puede. Eso sin tocar la parte de los fondos federales que pueden ponerse en riesgo.
No ha habido un sondeo en el que la mayoría de los participantes favorezcan esta posibilidad. Para cambiar la ley se necesita de la legislatura. Ni en los legisladores del Partido Nuevo Progresista se palpa un ambiente positivo para que algo así ocurra. Mientras más se extienda el tema, más incertidumbre tendrán estos motoristas, quienes pensarán que es cuestión de presionar más con intimidación y violencia, algo que ya están haciendo. Ojalá y no pase.
Lo menos que necesita la gobernadora González es que la legislatura, en especial el Senado, sea quien asuma una postura de sensatez, alineada con los reclamos de cientos de miles de conductores responsables que cumplen con las leyes y que son víctimas de este grupo de motoristas temerarios que toman control de la vida de los demás decidiendo si en una vía se puede transitar y cómo se puede o no se puede. El ponerle tablillas a estos vehículos, en mi opinión, solo provocará que las mismas corridas y dolor de cabeza se sigan dando, pero de manera “legal”. No entiendo que ayude prospectivamente a identificar a los violadores de la ley porque no todas las carreteras tiene cámaras y en caso que un parroquiano grabe, tendría que presentarse en un proceso legal/judicial para testificar, al menos, la autenticidad del video. ¿Ve usted a los ciudadanos soltando un día de trabajo para ir a testificar contra un títere de estos? Yo no lo veo.
Como indiqué en mis redes sociales el pasado fin de semana, la comparación del caso de los motoristas aquí con lo que vivió Colombia por el Cartel de Medellín no es proporcional y no estoy diciendo que los motoristas sean unos “Escobar” de la vida, uso el ejemplo solo para dramatizar cómo las cosas pueden ser interpretadas y algunos sectores entender que los métodos de presión que conllevan intimidación y violencia, como lo que hemos visto con nuestros policías recientemente, pueden llevar a lograr la metas. En la historia de Escobar, este terminó muerto y su familia destruída.
Aquí no podemos esperar a que la vida de un agente, o un motorista, termine en una tragedia. La gobernadora tiene una gran responsabilidad y confío en que tomará las medidas a corto plazo dándo apoyo total a la policía y la ciudadanía responsable que cumple. La gran mayoría de estos grupos han demostrado que no tienen la capacidad, la educación, la responsabilidad ni voluntad para manejar estos vehículos en las calles, no pueden mezclarse con los demás vehículos de manera civilizada, y aquí sí deben pagar justos por pecadores. Los vehículos que hoy están autorizados, ya lo están. Estos grupos han demostrado que no merecen ninguna oportunidad por sus propias actuaciones.
En caso que La Fortaleza decida ir adelante en favor de estos motoristas, a lo que tiene total derecho, pues entonces confiemos en que la legislatura le dé más peso al resto de la ciudadanía responsable.
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Por Alex Delgado
Periodista y columnista con 25 años de experiencia en los medios de comunicación
