OGPe, DRNA, Junta de Planificación y Municipio de Cabo Rojo comparecen ante el Senado por el Proyecto Esencia
La comparecencia surge luego de escuchar los comentarios de los proponentes en la mañana
Foto: Suministrada
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, presidida por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, recibió en vista pública, las opiniones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo sobre el Proyecto Esencia, propuesto para el sector Monte Carlo del barrio Boquerón, en Cabo Rojo.
La vista se produjo luego de que, en una comparecencia previa dentro de esta misma investigación, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Compañía de Turismo se manifestaran en contra del proyecto, y de que esta mañana compareciera el propio proponente de Esencia. Esto continúa como parte de la investigación que ordenan la R. del S. 9, radicada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa; y la R. del S. 459, presentada por el senador Eliezer Molina Pérez.
En primera instancia, a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la secretaria auxiliar de la OGPe, Edmée Zeidan Cuebas, aseguró que en ningún momento durante los procesos sobre el Proyecto Esencia se ha demostrado algún tipo de trato preferencial con los proponentes.
La secretaria auxiliar entregó además a la Comisión el expediente administrativo completo sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la Consulta de Ubicación del proyecto. Precisó que ambos instrumentos son de naturaleza ambiental y de planificación, y afirmó que ninguna de estas determinaciones constituye, por sí sola, un permiso de construcción ni autoriza irrestrictamente la ejecución de las obras contempladas por el proyecto”.
Según Zeidan Cuebas, el proyecto permanece sujeto a etapas posteriores del proceso de permisos y a la obtención de endosos, franquicias y autorizaciones adicionales de otras agencias con jurisdicción. Sobre esto, a preguntas del senador Jeison Rosa Ramos, la deponente explicó que el proceso tanto en la etapa de permisos o antes, pasa por auditorías constantes, por lo que la obra podría ser paralizada en cualquier momento. Igualmente, aclaró al senador Ángel Toledo López que de la OGPe otorgar un permiso que luego sea incumplido, del mismo modo se paralizaría el proyecto en cuestión.
La agencia se puso, además, a la disposición de la Comisión para que cualquier hallazgo de la investigación que revele áreas de mejora en el sistema de permisos se incorpore a la discusión sobre una eventual reforma.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, sometió documentación con el tracto del deslinde de la zona marítimo terrestre, las salvaguardas incorporadas a la DIA y el estatus de las solicitudes de agua del proyecto. Quiles Pérez fue enfático en que “la función del DRNA no es promover ni detener proyectos por criterios ideológicos o presiones políticas”, sino “aplicar la ley y el reglamento, con el más estricto rigor científico”.
El deslinde del límite interior tierra adentro de la zona marítimo terrestre, certificado inicialmente el 28 de agosto de 2024, fue dejado sin efecto por la propia Secretaría del DRNA y vuelto a certificar el 12 de mayo de 2025. Una impugnación a esa segunda certificación llegó al Tribunal de Apelaciones, cuyo Panel IX ordenó, el 10 de octubre de 2025, repetir el proceso de notificación por un defecto de forma, la omisión de advertencias legales, sin cuestionar el fondo de la determinación. El proponente notificó nuevamente a todos los colindantes y al Municipio el 8 de junio de 2026, pero el 26 de junio de 2026 el DRNA recibió una nueva impugnación (querella núm. 26-222-AG) que, según confirmó la agencia, permanece activa ante la Oficina de Oficiales Examinadores.
Como parte de la DIA, aprobada por la OGPe el 23 de diciembre de 2025, el proponente informó que eliminó por completo la huella de los hoyos de golf que colindaban con humedales y manglares, amplió las zonas de amortiguamiento hasta 50 metros, eliminó 143,117 pies cuadrados de infraestructura originalmente destinada a placas solares, y redujo en 741,956 y 65,326 pies cuadrados, respectivamente, la huella de uno de los campos de golf y la del lote del club de golf. En cuanto al sistema cárstico del predio, el secretario del DRNA exigió además una franja de amortiguamiento permanente de 50 metros alrededor de una cueva identificada en el terreno, dentro de la cual queda prohibido el paso de maquinaria pesada y la hinca de pilotes de cimentación.
En cuanto al agua, el proyecto estima una necesidad de 1,253,306 galones diarios, y la AAA certificó al DRNA que la planta de filtración de Betances no tiene capacidad de diseño para suplir esa demanda, por lo que harían falta obras de aumento en su capacidad de filtración y distribución. El DRNA ha autorizado, en al menos tres ocasiones (mayo de 2025, junio de 2026 y julio de 2026), la perforación, ampliación y sellado de barrenos de prueba y pozos de monitoreo, aunque cualquier franquicia de extracción futura estará condicionada a que el proponente presente un Plan de Mitigación de Intrusión Salina. Quiles Pérez advirtió que, si el proponente demuestra científicamente que una extracción de 1.5 millones de galones diarios (MGD) no afecta los acuíferos colindantes de la AAA ni provoca intrusión salina, tendría “la obligación ministerial y legal de otorgar la franquicia de agua”. Ante esto, el senador Molina Pérez le recordó al secretario del DRNA que “no existe ahora mismo la capacidad de la demanda del agua”.
El presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor A. Morales Martínez, indicó que, conforme a la normativa vigente, es la OGPe, junto a los municipios autónomos, la llamada a evaluar las consultas de ubicación, y que es la OGPe, el DRNA y la AAA quienes tienen la capacidad técnica para responder las interrogantes de la Comisión. Confirmó que la Junta Adjudicativa de la OGPe tuvo ante sí la Declaración de Impacto Ambiental Final del proyecto (caso núm. 2024-579429-DIA-300042) y la aprobó mediante Resolución de Determinación de Cumplimiento Ambiental fechada el 23 de diciembre de 2025. Morales Martínez puntualizó que “la JP no trabaja documentos ambientales ni permisos”.
El alcalde del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, planteó una posición condicionada: ni aprobación sin controles, ni rechazo antes de que concluya el proceso técnico. Morales Wiscovitch sostuvo que la autosuficiencia en agua (pozos, captación de lluvia, tratamiento y reúso) y en energía (generación solar, almacenamiento y respaldo) que propone el desarrollador para no depender de la AAA ni de la red eléctrica pública “no puede aceptarse únicamente porque así lo plantee el desarrollador” y debe ser demostrada, evaluada y fiscalizada por las agencias con jurisdicción. “Cabo Rojo no puede ni debe quedarse sin agua para suplir este proyecto”, advirtió en su ponencia.
El alcalde también aclaró que nunca fue dueño de los terrenos adquiridos para el proyecto ni recibió dinero por su venta, “Cabo Rojo no está vendiendo su pueblo”. Del modo que, solicitó que cualquier beneficio anunciado, como la generación de empleos locales o el acceso público a la playa, sea medible y verificable. Advirtió, además, que los contribuyentes de Cabo Rojo no deben subsidiar los costos que un desarrollo de esta magnitud genere sobre el sistema de relleno sanitario municipal.
El endoso conceptual municipal, incluido en el memorial del alcalde de Cabo Rojo, que expira el 27 de octubre de 2026, condiciona su recomendación favorable a una serie de requisitos, entre ellos que el endoso queda “sin efecto” si la AAA advierte “baja presión de agua” durante la construcción u operación del proyecto, a menos que este haga una mejora significativa del servicio en el sector o demuestre que puede operar de forma independiente del sistema colectivo.
